Ayer decíamos que el estilo personal de gobernar del presidente López Obrador, la forma en que se confunde la lealtad con la amistad, el desprecio a la capacidad técnica y la experiencia a cambio de esa lealtad mal entendida daña, entre otras cosas, la capacidad de gobernanza y gobernabilidad de la propia administración.
En un escenario donde el Presidente aparece como el único centro de poder y ocupa todos los espacios de su propia administración, la enorme mayoría de los funcionarios tiene un poder limitado, pero, al mismo tiempo, como el control sobre las distintas áreas no termina de ser estricto, estallan, sin resolverse, los conflictos internos. Y casi nadie puede arbitrar entre ellos, fuera del propio mandatario, al que no le gusta tomar decisiones cuando se dan enfrentamientos en su propio equipo.
Ayer hablábamos del caso de la Secretaría de Bienestar y el enfrentamiento entre la secretaria María Luisa Albores y el subsecretario y responsable de Sembrando Vida, Javier May Rodríguez, ambos, viejos amigos del Presidente. Éste rechazó la renuncia de May Rodríguez y desconoció el decreto con las reglas de operación del programa que publicó la secretaria Albores. Con ello, desconoció y le quitó poder a la secretaria. Antes, May rompió todas las reglas de comportamiento político haciendo pública su renuncia, que no iba dirigida a ninguno de sus jefes (el Presidente y la secretaria del ramo), sino a los coordinadores regionales del programa. En otra administración, neoliberal o no, ambos tendrían que haberse ido. Se quedan y han enseñado un camino para funcionarios altos y medios a la hora de enfrentarse a sus jefes: recurrir a la opinión pública y al propio Presidente.
No es el único caso. El que sostienen la presidenta de la Conade, la exvelocista Ana Gabriela Guevara, con la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, no sólo es público, sino que alcanza ya niveles de serio conflicto político y legal, con el agravante de que la acusación incluye actos de corrupción por parte de Guevara, quien acusa a Sandoval de usarlos como instrumento político. Las dos no pueden tener la razón, las dos no pueden seguir en el equipo.
Los diferendos del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y del jefe de la Oficina, Alfonso Romo, con los funcionarios del área energética y, sobre todo, con la secretaria Rocío Nahle y el director de la CFE, Manuel Bartlett, son antológicos. Desde noviembre está paralizado (como la economía) el programa de inversiones en el sector energético porque, simplemente, no pueden llegar a acuerdos: son visiones antagónicas sobre el futuro del sector. Una y otra vez se postergan los anuncios y el Presidente tampoco decide. El tema es central para el futuro económico del país. Ahora se dice que en dos semanas estará listo ese programa y las normas que regirán al sector. La iniciativa privada está llegando a un límite de paciencia sobre el tema, lo mismo que los potenciales inversionistas y las calificadoras. Sin una decisión clara, el futuro económico del país estará en entredicho. Habrá que decidir.
Los responsables económicos tienen diferencias similares con la Cofepris y su director, José Alonso Novelo Baeza, al que acusan de tener detenidos miles de millones de dólares en inversiones. Se enfrentaron también por el etiquetado en los alimentos. La propia Cofepris está en medio de la crisis de medicamentos y está distanciada del Congreso y de la propia Suprema Corte por el tema de la reglamentación de la mariguana medicinal (y no hablemos del uso lúdico de la misma que se debate en el Senado).
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Las diferencias en las áreas de seguridad y justicia también son manifiestas entre distintos funcionarios. No opinan lo mismo ni tienen el mismo diagnóstico de la seguridad y la justicia en el país. Un hecho profundizará esas diferencias: el director del Centro Nacional de Inteligencia, el general en retiro Audomaro Martínez Zapata, un viejo amigo y colaborador del presidente López Obrador, está internado con serios problemas cardiacos. Se asegura que no podrá regresar al frente del exCisen. Definir quién se quedará al frente de la inteligencia del Estado, si seguirá siendo un militar o un civil, y de qué equipo será, es una decisión clave para el futuro. Y es un enfrentamiento todavía soterrado, pero real.
Hace muchos años, después de las elecciones de 2006, en uno de sus libros, el presidente López Obrador reconoció que uno de sus graves errores en aquel proceso fue no tomar decisiones a la hora de la sucesión al frente del PRD. No le gusta hacerlo con sus equipos, sus colaboradores, prefiere que las cosas se arreglen solas. No lo hacen, como no lo hicieron entonces. Ante la indefinición se impone la crisis.
