Existe insatisfacción social sobre el desempeño y eficacia de las instituciones del Estado. Éstas, entre el azoro por los nuevos contextos en que deben actuar, una cultura administrativa saturada de prácticas anacrónicas y un Estado de Derecho frágil parecieran naufragar.
Es evidente, diversas instituciones sufren anquilosamiento, deterioro, desviación o corrupción en su quehacer sustantivo. La añoranza por el modo directo y supuestamente eficaz como se tomaban las decisiones gubernamentales en el pasado autoritario, las rutinas burocráticas centradas en el procedimiento administrativo, el crecimiento inercial y desordenado del gasto corriente en los presupuestos, la pérdida o incapacidad de adaptación de la misión de cada dependencia gubernamental, y la no generación de bienes públicos y atención esmerada de las demandas ciudadanas entre otras, son a mi juicio las causas de incapacidad para dar respuesta oportuna y cabal a las crecientes demandas de una ciudadanía cada vez más autónoma y exigente.
Por ejemplo, la socialmente urgente lucha contra la corrupción, en sus diversas facetas, no se combate de modo efectivo mediante una suerte de policía anticorrupción. Es un asunto transversal que requiere medidas profundas y de largo aliento que involucran a toda la sociedad. Lo mismo puede decirse de la indiferencia que muchos servidores públicos de todo nivel suelen mostrar hacia los derechos humanos. Poco se avanzará si no se induce un entorno social basado en la cultura de la legalidad, como sustento de una actitud realmente democrática, que guíe la acción cotidiana.
Frente al déficit institucional. Algunas voces apuestan por la “transformación desde fuera”, pidiendo la intervención de tal o cual organismo externo para producir resultados que suponen inmediatos. Me temo que ese enfoque tiende a debilitar, aún más, a las instituciones nacionales.
Me inclino a considerar que la respuesta estructural, eficaz y efectivamente democrática al debilitamiento de nuestras instituciones consiste en su transformación positiva, desde dentro de país. Impulsando la responsabilidad colectiva institucional y social para construir una conciencia común sobre los problemas nacionales.
Creo necesario un profundo cambio institucional que sustituya estructuras caducas y se reconfiguren conforme a la misión que cada institución tiene encomendada; que rearticule sus quehaceres en función de los bienes públicos que produce o debiera producir; que en su presupuesto disminuya racionalmente el gasto corriente para ampliar el gasto operativo y con ello las capacidades de acción institucional; que organice a su personal conforme a modelos de servicio de carrera.
Materializar lo anterior promoverá el cambio cultural necesario para hacerlos servidores públicos del Estado, profesionales, empáticos con su labor y el servicio que brindan y no proclives a actuaciones en favor de intereses de grupo; que se articule con la sociedad para el desarrollo de políticas públicas; que con transparencia se someta al escrutinio público permanente y lo entienda como un poderoso factor de mejoramiento. Es la mejor manera de combatir la corrupción, pero la todavía más grave impunidad.
La búsqueda frenética del interés personal o de grupo, por encima del interés colectivo, siempre han estado presenta en la historia humana, aunque parecen ser signos acentuados de nuestra época. Las instituciones importan, son las que permiten la convivencia social civilizada. En su actuación profesional, eficiente, apegada a derecho y proclive al cumplimiento de su misión, que no es otra que la satisfacción de las demandas sociales y el respeto a los derechos de las personas, reside la posibilidad cierta de superar la actual situación de desconfianza social.
Lo que beneficia a todos, es el fortalecimiento de nuestras instituciones. La crítica es un elemento esencial de su fortalecimiento.
Consejero Electoral del INE/Profesor de la UAM-I
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TOMADO DE LA CRÓNICA
