La salud pública, en picada

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Nadie puede decirse sorprendido. El gobierno de López Obrador, a un año y un mes de su inicio, está haciendo lo que prometió en campaña: frenó la Reforma Energética, trata de volver a convertir a Pemex y a la CFE en monopolios de Estado, acabó con la Reforma Educativa, está quitando poder y espacio a los organismos autónomos, detuvo la construcción del aeropuerto de Texcoco e impulsó el de Santa Lucía, dio marcha atrás a la lucha contra el narcotráfico, otorgó una amnistía. Dijo que implementaría un amplio programa de austeridad y que recortaría miles de empleos públicos, que desaparecería a la Policía Federal. Que trataría de vender el avión presidencial. Que desaparecería el Estado Mayor. Todas esas medidas fueron anunciadas en campaña, quien haya votado por Andrés Manuel votó por ese programa. Que nadie se llame ahora a engaño.

Pero no deja de llamar la atención la forma en que se ha tratado al sector salud. Es verdad que el Presidente dijo en campaña que no quería el Seguro Popular, pero la forma en que se ha desaparecido a éste de un plumazo, cambiándolo por un Instituto del Bienestar, que ya está funcionando, pero que no cuenta siquiera con reglas de operación claras, está resultando criminal. La gente, la más pobre, la que más necesita el servicio de salud pública, no sabe si tiene que pagar o no, cuánto, a quién, cómo, cuáles son sus derechos, si los van a atender o no. Y cuando pasan todos esos filtros descubren que no hay medicinas suficientes, incluso en casos tan delicados como el tratamiento de niños que sufren cáncer.

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El gobierno federal se ha vanagloriado de haber hecho grandes ahorros en la compra de medicinas, pero eso se ha reflejado en el desabasto de las mismas. Quien le diga al Presidente que existen medicinas suficientes y a tiempo para todos los pacientes, le está mintiendo. Cuando lo llevan a giras hospitalarias prefabricadas no le están mostrando lo que ocurre después que él se va. Cuando se encuentra con familiares que le reclaman, le dicen que son opositores que se quejan para que no funcionen los cambios que él propone, no es verdad.

Cualquier reportero que recorre los hospitales puede entrevistar cada mañana a padres desesperados que no encuentran medicinas para sus hijos, con empleados y médicos que no saben cuándo llegarán e incluso con instituciones hospitalarias a las que no les queda claro siquiera cuáles son sus nuevas reglas de operación. Si le dicen al Presidente que esas carencias se solucionan con los apoyos que le entregan a los viejitos, o a las jóvenes, le están mintiendo. Nada puede reemplazar, sobre todo entre los más pobres, un sistema de salud mínimamente eficiente.

Éste es el mayor drama y desafío que debe enfrentar esta administración, fuera de grandes temas como la inseguridad pública o la economía. Estamos hablando de la salud de los más pobres y, sobre todo, de los niños. Y el sistema no está funcionando. No se puede eliminar un sistema de salud de un plumazo, no se puede cambiar un sistema de compras y distribución de medicinas por un decreto presidencial sin tener con qué reemplazarlo. Ese estilo ha sido una norma de esta administración, pero, en el caso de la salud, la improvisación se convierte en un caso de vida o muerte. Así de sencillo.

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El problema se arrastra desde hace un año y un mes y crece día con día. Ya no puede ser achacado a la administración anterior. El presidente López Obrador lo debe tomar como un tema personal. Y debe asumir que, por lo menos en el ámbito de la salud, no le están diciendo la verdad.

FGR VS. UIF

Tiene toda la razón Alejandro Gertz Manero. Lo que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera anunciando públicamente a quién se está investigando y por qué, aunque no haya en ocasiones siquiera una denuncia penal en curso, es una violación al debido proceso. No juzgo la labor de la dependencia que encabeza Santiago Nieto, pero no se pueden adelantar juicios mediáticos y supuestas responsabilidades cuando ni siquiera existe una denuncia judicial. Todos y cada uno de los personajes que han sido “denunciados” en la mañanera o en otros ámbitos, por estos supuestos delitos, podrán alegar que fueron violados sus derechos, sobre todo el de presunta inocencia. Y en estricto cumplimiento de las leyes, se deberían anular, por ello, las causas que existan en su contra. No es un tema de comunicación. Es un delicado procedimiento legal. Si el día de mañana muchos de los ahora acusados quedan en libertad y exonerados no responsabilicen en todos los casos a los jueces. Están violando el debido proceso, como bien lo está advirtiendo el fiscal Gertz Manero.