Reabrir la economía, reanudar las actividades productivas, es una condición insoslayable en la actual coyuntura. Pese a que se celebrara que “apenas” vamos a perder este año el 6.6% del PIB (“los conservadores creían que íbamos a caer más” sic), lo cierto es que si se estima que la caída de cada punto del PIB genera la pérdida de unos 450 mil empleos, eso implica que se perderán unos tres millones de empleos en el año. Sólo en abril se perdieron unos 555 mil y diez millones de personas regresarán a la pobreza y la pobreza extrema en este 2020, un retroceso de una década en el desarrollo del país.
Pensar en este contexto que se puede mantener cerrada la economía por mucho más tiempo sería criminal. Tampoco se puede decretar un confinamiento obligatorio cuando el 50% de la economía del país trabaja en la informalidad y ese mismo porcentaje de personas vive en viviendas que no tienen los servicios mínimos y la mayoría de las ocasiones lo hacen en situaciones de virtual hacinamiento. Para muchos se trata simplemente de sobrevivir, incluyendo (aunque otra vez se niegue desde la mañanera) a miles de mujeres, personas de la tercera edad, niños y niñas que terminan siendo maltratados en sus hogares si se prolonga el confinamiento.
El problema es que, mientras tanto, estamos en el pico de la crisis sanitaria, en los días con mayor número de muertos y contagiados, aunque, por otro lado, se nos dice que ya se aplanó la curva de contagios. Hay que abrir la economía, hay que relajar el confinamiento donde se pueda y, al mismo tiempo, hay que evitar que la pandemia crezca. Encauzar con una misma política las tres cosas, sobre todo cuando no se han hecho las pruebas suficientes, es, literalmente, imposible. Sería viable extender las pruebas en forma masiva, sobre todo en los sectores y regiones que se vayan a abrir, y no sólo las que determinan si se sufre la enfermedad o no, sino la que muestra, aunque no sean ciento por ciento seguros sus resultados, si existen anticuerpos, defensas, por haber sufrido ya el contagio, aunque no haya habido síntomas.
Lo que sucede es que el gobierno tampoco quiere que haya pruebas masivas, me imagino que no desea que se den a conocer cifras que no sean las suyas y que se lo acuse, como ya sucede, de no haber tomado las medidas suficientes y necesarias ante la pandemia. Quieren tener, como otros gobiernos, controladas las pruebas, no abrirlas, para que los números no se les descontrolen aún más. Con el actual porcentaje de pruebas lo único que puede haber es un estimado y, en todo caso, tendencias sobre la evolución de la enfermedad.
Por eso las normas para la reapertura dadas a conocer ayer son caóticas. Más que una nueva normalidad, es el añejo y tradicional desmadre que arrastra esta administración en la operación de sus políticas públicas, sobre todo en salud. La nueva normalidad y la reapertura económica gradual están envueltas en una enorme confusión y con una superposición de medidas que serán difíciles de explicar, de aplicar y operar.
Se reabren sectores desde el 18 de mayo, pero otros desde el 1 de junio, el 15 de junio o hasta agosto o septiembre; pero, al mismo tiempo, se establecen semáforos para reabrir actividades por zonas, por lo cual las fechas pueden variar dramáticamente de una región a otra y, simultáneamente, se dice que esas medidas son voluntarias y que cada gobernador o presidente municipal las puede o no aplicar. Se anuncia el regreso a clases el primero de junio, pero eso lo determinará el semáforo sanitario y, por lo pronto, hay gobernadores que dicen que se acabó el año lectivo presencial.
La nueva normalidad es también el reflejo de la improvisación. Ayer, a dos meses de iniciada la emergencia sanitaria, los médicos y enfermeras del Centro Médico de la Raza, uno de los más importantes del país, bloquearon calles y avenidas reclamando el equipo de protección básico que nunca les ha llegado. Se aplanó la curva, dicen, y ya vamos hacia la reapertura, pero apenas ayer llegaban respiradores de China y de Estados Unidos.
La ignorancia y la manipulación también hacen de las suyas. En la nueva normalidad hubo bloqueos generalizados en Michoacán y en el Estado de México, donde se quemaron patrullas y se agredió a sanitaristas y policías, porque se realizaron tareas de fumigación y le han hecho creer a la gente que es para contagiarlos con covid. En otro municipio mexiquense queman carrozas fúnebres porque dicen que están contagiando con cadáveres. Todo a través de mensajes que nadie sabe —porque la autoridad está en otra cosa— quién emite. Y son millones los que siguen pensando que la enfermedad no existe. Es una muestra de ignorancia, pero también de falta de claridad en la información y, por supuesto, de vacío de poder.
