El jueves 5 de diciembre, el Senado de la República designó a Margarita Ríos-Farjat como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en lugar de Eduardo Medina Mora.
El proceso fue más estricto respecto a la elección de Rosario Piedra a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo que la favorita del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y cercana al Jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, se haya quedado con el cargo generó preocupación.
De los 122 votos de los senadores, 94 fueron para la ex titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la carrera se quedaron Ana Laura Magaloni (quien cumplía el perfil a cabalidad) y Diana Álvarez Maury.
Sin embargo, quedo demostrado que Morena —y sus aliados PT, PES y PEVEM—no objetan ningún deseo que provenga de Palacio Nacional, sin importar que eso no beneficie el quehacer institucional.
PAN denunció conflicto de interés
Incluso, el PAN, en voz de su legislador Damián Zepeda denunció que Ríos-Farjat cargaba con un conflicto de interés, pero eso poco importó; el hiperpresidencialisnmo se hizo presente y la consentida quedo como nueva integrante del Máximo Tribunal del país.
“Son grotescas evidencias del talante antidemocrático que se está incubando en una clase política que pretende negar la diversidad ideológica y partidista de nuestra sociedad y que hoy debería reflexionar ante la mejor definición que escuchamos en este proceso, en voz de Ana Laura Magaloni:
“A la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le toca definir la política pública ni la dirección del cambio. Eso compete a los poderes que cuentan con la legitimidad que proviene de las urnas. A la Corte sólo le compete asegurar que el ejercicio del poder no desborde los cauces que establece nuestra Constitución”, expresó la periodista Ivonne Melgar, en su columna “Retrovisor”, 07/12/19.
Con información de Excélsior
