Señala el historiador Enrique Krauze que hay dos maneras de animar la conversación con López Obrador: hablar de beisbol o hablar de Tabasco. En este espacio vamos a hablar del estado que vio nacer al Presidente de la República, aunque no creemos que se anime con las noticias que nos llegaron desde allá.
Y es que a inicios de semana fue creado un movimiento disidente de la 4T llamado Ciudadanos Unidos por Tabasco, integrado por empresarios, profesionistas y militantes de distinto partidos políticos.
Suscriben un documento en el que aseveran que no pretenden enconar más el debate público, sino construir una amplia alianza de ciudadanos, como la vía más segura para enfrentar los grandes problemas que vive la sociedad. “Queremos contribuir a enriquecer un diálogo sensato y racional con el propósito de sumar voluntades”, aseguran.
Pero advierten: “La mínima concentración de poder es un agravio a la ciudadanía y una señal inequívoca de autoritarismo. Cruzarnos de brazos y guardar silencio de ninguna manera es una opción”.
El documento nos llegó vía WhatsApp con una lista de integrantes de esa organización. Imposible nombrarlos a todos. Van los nombres de algunos:
Manuel Andrade Díaz, exgobernador del estado; Juan José Rodríguez Prats, María Solange Soler Lanz, Pedro Gabriel Hidalgo Cáceres, panistas; a ellos se suman los priistas Lorena Beauregard y Adrián Hernández Balboa y el senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez. Pero también José Eduardo Correa Abreu, empresario de la industria de la construcción y Baltazar Sánchez Fuentes, líder de la Unión Ganadera. Andrade Díaz no negó el sesgo político electorero de la naciente agrupación. Admite que la intención es también convertirse en una alternativa política ante la proximidad de las elecciones del 2021.
El perredista Rafael Hernández Estrada, autor del libro Servidores de la Nación; la Operación Política de la 4T, se quedó boquiabierto al ver, ayer, la nota principal de Excélsior: Delegados exigen promoverse.
El reporte, firmado por Magali Juárez, dice que los llamados superdelegados apelaron las sanciones que les impuso el Tribunal Electoral por realizar promoción personalizada del presidente López Obrador en la entrega de los programas sociales. Violaron, además, el principio de imparcialidad. Y en el colmo del cinismo, exigen que se les permita seguir ejerciendo su “derecho de propaganda”, a pesar de que es violatorio a las fracciones sexta y séptima del artículo 134 de la Constitución.
No aportaron prueba alguna de su inocencia.
Hernández Estrada, uno de los promotores de la queja en contra de toda la estructura para la ejecución de los programas sociales, nos contactó para hablar del tema.
Lo vimos en San Lázaro. Llevaba con él un mamotreto con la sentencia condenatoria del TEPJF, el cual incluía fotografías de los superdelegados con el chalequito que dice AMLO (hay una de la secretaria Albores) y mensajes en redes sociales con el señalamiento “esto te lo manda el presidente López Obrador…”. El perredista se quejó de que el Tribunal Electoral sólo sancionara a los superdelegados, a los subdelegados regionales y a los servidores de la nación.
“En forma incongruente con los hechos probados, la sentencia eximió de responsabilidad al presidente López Obrador; a la secretaria de Bienestar Social, María Luisa Albores, y al coordinador general de los programas, Gabriel García”. El PRD impugnó la sentencia porque, dice, no señala la responsabilidad de estos.
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- Va parte del mensaje que, vía Etcétera, le envió Rosario Robles al Presidente de la República, desde su celda en Santa Martha Acatitla. El tema son las mujeres.
Escribe Rosario: “Decir que ahora las mujeres están siendo manipuladas por la derecha, o por los adversarios del gobierno, es el mismo argumento que se dio para negarnos el derecho al voto. Se nos menosprecia, se nos considera menores de edad, cuando ha sido nuestra fortaleza la que ha contribuido al desarrollo del país”.
Y más adelante:
“Entiendo a las jóvenes que hoy se cubren el rostro y se manifiestan con ira porque sus cuerpos se han convertido, otra vez, en el territorio de otros; porque las matan impunemente, porque en lugar de políticas públicas se les ofrece un decálogo propio de una organización civil y no de un jefe de Estado”.
Sin comentarios.
