Juana Fuentes, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), calificó la aprobación de la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador como un “golpe de Estado técnico”.
Ello, al explicar que fue aprobada mediante prácticas antidemocráticas y corruptas; lo que representa un ataque directo contra la independencia del Poder Judicial.
“La mayoría del oficialismo, recurriendo a prácticas deleznables, ha decidido aprobar una reforma que atenta directamente contra la independencia del Poder Judicial, el pilar que ha garantizado la justicia imparcial y el respeto a los derechos humanos desde que este país se fundó bajo un marco democrático”, declaró.
Reforma judicial de la 4T abre la puerta a intereses ajenos a la justicia
En un posicionamiento, expresó su preocupación por las consecuencias que generará esta reforma al Poder Judicial; entre ellas que se pone en riesgo la protección de los derechos fundamentales de toda la sociedad.
“Sin jueces imparciales y sin tribunales independientes, los derechos humanos se vuelven frágiles, vulnerables ante los caprichos del poder político. Esta reforma, al someternos a la elección popular, abre la puerta a influencias externas, desde el crimen organizado hasta grupos de presión política”, advirtió.
También subrayó los peligros de politizar el sistema judicial mediante la elección popular de jueces, lo que podría convertir a los juzgadores en “instrumentos de los poderosos”.
Insistió en que la reforma aprobada, con la cual busca someter a las personas juzgadoras a la elección popular, abre la puerta a intereses ajenos a la justicia, a la influencia de grupos de presión política y hasta grupos delincuenciales que podrían financiar campañas judiciales y comprometer así la imparcialidad de las decisiones.
“Los jueces no somos ni seremos políticos, no debemos serlo. Fuimos designados para aplicar la ley de manera objetiva y justa. La justicia que responde a los intereses políticos no es justicia”, afirmó
Fuentes Velázquez advirtió que las repercusiones de la reforma no se limitan al ámbito judicial, sino que también afectarán la estabilidad económica del país.
La jueza explicó que los inversionistas internacionales confían en países con sistemas judiciales independientes, y que la subordinación del Poder Judicial al poder político podría desalentar las inversiones y provocar una recesión económica que afectaría directamente a los ciudadanos comunes.
“Si el sistema judicial se convierte en una extensión del poder político o de intereses criminales, la confianza en el Estado de derecho se evaporará. Sin esa confianza, se paralizarán las inversiones, se desestabilizarán los mercados y los ciudadanos comunes serán los más afectados”, explicó.
Y agregó: “El sometimiento de jueces y magistrados a la elección popular plantea un peligro que no podemos ignorar, los jueces no somos ni seremos políticos, no debemos serlo, no fuimos designados para responder a los intereses de un partido o de una fracción parlamentaria sino para aplicar la ley de manera objetiva y sobre todo justa”.
No permitirán que la justicia esté en manos de personas que no estén capacitadas para juzgar
Ante este panorama, adelantó que se iniciará una batalla legal en contra de esta iniciativa.
“Vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales que protegen la independencia judicial, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las redes globales de jueces y magistrados, que están conociendo en este momento lo que está sucediendo”, comentó.
Y añadió: “Tenemos ya delegaciones presentando denuncias contra este golpe de estado técnico, ha sido cometido por un gobierno transexenal que se dice democrático, pero que no escucha ni he escuchado nunca, que se dice de izquierda, pero que busca construir un régimen de excepción que debe ser denunciado y desenmascarado”.
Por ello, llamó a juzgadores, trabajadores y estudiantes a iniciar la resistencia legal contra la reforma; para ello les pidió utilizar todas las herramientas legales para defender la independencia judicial.
“Juntos lucharemos por un país donde la justicia siga siendo ciega a los intereses del poder, pero siempre atenta a la verdad. Viva nuestro Poder Judicial de la Federación. Viva México”, enfatizó.
Y agregó: “En este momento crucial, hacemos un llamado a la resistencia legal, no abandonaremos nuestros principios, la justicia no puede ser comprada, manipulada ni coptada. Y a aquellos que nos observan les digo: la justicia en este país no se arrodilla, ni se arrodillará ante ningún poder político”.
“No vamos a permitir que el futuro de nuestra justicia quede en manos de personas que no están capacitadas para juzgar. La idea de elegir jueces por medio de elecciones populares puede sonar democrática, esto solo en apariencia, pero, ¿cómo asegurar que quienes se postulen tengan la integridad, la ética y la experiencia necesarias?”.
Por lo pronto, anunció que continuara el paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), en tanto que los circuitos judiciales del país determinen las próximas movilizaciones por seguir, además continuará el plantón a las afueras del Senado de la República en la avenida paseo de la Reforma.
Con información de Expansión Política y La Silla Rota
MSA
