La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó imponer una multa de 500 mil pesos a la Asociación Civil “Que siga la Democracia” por simular, falsificar y entregar 15 mil firmas de personas muertas que apoyaron la Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Además, dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) para que investigue y sancione penalmente.
Pues advirtieron que el uso ilegal de datos personales está contemplado en la ley como un delito.
“Ojalá por el bien de nuestra democracia esa institución (FGR) despliegue las investigaciones y haga lo propio, porque quien altere la voluntad ciudadana en cualquier modalidad tiene que ser reprendido por el Estado mexicano, porque eso se llama delito”, comentó la consejera Claudia Zavala.
De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, quien haga mal uso de documentos relativos al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores recibirá una pena de hasta siete años de prisión y hasta 200 días de multa.
Para la revocación de mandato, el INE revisó casi cinco millones de firmas y quedaron pendientes otras seis millones.
De dicha cifra, se detectaron 17 mil 766 firmas de personas que habían muerto meses o años atrás y -de éstas- 14 mil 957 fueron entregadas por la asociación Que Siga la Democracia, de la morenista Gabriela Jiménez, que se afirma fue el mecanismo “ciudadano” que creó Morena para recabar las firmas.
Conducta antidemocrática afecta el derecho de la ciudadanía
Durante la sesión de la Comisión de Quejas, la consejera Claudia Zavala aseguró que no sólo es una actitud antidemocrática -sino ilegal- por lo que debe ser castigada.
“En cualquier ejercicio de participación cuando se vaya a salir a pedir la voluntad de la ciudadanía tendría que ser un ejercicio auténtico y lo que ahora nos demuestra este expediente es que tiene que ver con algo que no es auténtico, con el uso indebido de documentos electorales”, dijo.
Enfatizó que esta conducta afecta el derecho de la ciudadanía a particular en un ejercicio que por primera vez les daría la oportunidad de decidir si querían someter al presidente de la República a una revocación de mandato.
“Tiene que ver con el uso indebido de documentos electorales, de copias de credencial, lo que queda claro es que se usaron de forma indebida para la revocación de mandato”, comentó.
Y agregó: “Aquí lo que se demuestra es que muchas personas lo que hicieron es que no se verificó que ya habían muerto y resulta que están dando apoyo, ese es un comportamiento que no corresponde a demócratas, corresponde a sistemas donde se abusa de los instrumentos que la ciudadanía dio para otro trámite y le están dando un uso indebido”.
Por ello, hicieron un llamado para la Fiscalía actúe en materia penal, pues se trata de un delito que debe ser sancionado conforme lo indica la ley.
“Que en materia penal de verdad se desplieguen las acciones que resulten necesarias, porque hay actos que constituyen delitos. Aquí lo que estamos viendo es que se presentó documentación falsa ante esta autoridad, pero hay otros delitos que ni le corresponden al INE, le corresponden a otra autoridad y ojalá, por el bien de nuestra democracia, esa institución despliegue las investigaciones y haga lo propio porque eso se llama delito”, apuntó.
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Por su parte, el consejero Ciro Murayama recordó que esta misma comisión emitió medidas cautelares, al advertir que había apoyos de personas que estaban dadas de baja del padrón electoral porque ya habían fallecido.
“Advertimos de algunos riesgos para la certeza y la legalidad del ejercicio, uno es que en vez de estar ante un ejercicio de interpelación de la ciudadanía hacia el poder era organizado desde el poder”, subrayó.
Por lo que se sumó al llamado para que el caso se desahogue penalmente.
“Nosotros como autoridad administrativa impondremos a la persona moral una sanción administrativa, monetaria, pero el haber usado datos del padrón electoral fraudulentamente es un delito, y ojalá que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales actúe con la independencia que la Constitución le mandata para que estas prácticas totalmente abusivas y contrarias al estado de derecho, a la democracia y al decoro, sean sancionadas”, enfatizó.
Finalmente, la comisión aprobó que “se tuvo por acreditada la infracción consistente en la presentación de documentación o información falsa ante el INE, por parte de Que siga la Democracia. Se impone a Que siga la Democracia una multa de 5579.11 UMAS, equivalente a la cantidad de 500 mil pesos”.
Por último, se le ordena a “Que siga la Democracia” publicar en su página y en sus redes sociales un extracto de la resolución durante el período de 30 días, precisando que al realizar las publicaciones y difundirlas, debe abstenerse de incluir comentarios o expresiones ajenas al extracto.
Con información de Milenio y diario.mx
MSA
