Impunidad y pueblos arrasados

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En la noche del 16 y la madrugada del 17 de enero pasados, unos 150 sicarios, en 50 camionetas, atacaron el poblado de Las Pomas, en el municipio de Madera, Chihuahua. Quemaron veintidos casas y varios vehículos. Algunos pobladores llegaron a huir, otros, aparentemente, fueron secuestrados por los sicarios.

Lo cierto es que no hay la menor noticia de los atacantes y las autoridades llegaron muchas horas después al lugar de los hechos, como ocurrió cuando las mujeres y niños de las familias LeBarón y Langford fueron atacados en la frontera entre Chihuahua y Sonora, no muy lejos de Madera, donde se dio este ataque.

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Apenas unos días antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se había reunido con los integrantes de la familia LeBarón y había prometido el fin de la impunidad en la zona.

También en gira por Chihuahua, se reunió con el gobernador Javier Corral, quien lo invitó a desayunar a su casa y le horneó pan.

En Ciudad Juárez se realizó la reunión nacional de seguridad, donde también se habló de acabar con la impunidad.

Pero cuatro días después la impunidad se volvió a imponer en Las Pomas. Hay extensas zonas de Chihuahua todavía sin control alguno de las autoridades, con un crecimiento geométrico de la violencia.

Entre todas las formas de violencia que adopta el crimen organizado, la destrucción completa de pueblos es, quizás, la más terrible, porque no sólo se acaba, o intenta acabar, con vidas, sino también con el patrimonio, el arraigo, en algunos casos por generaciones, de esas comunidades, con su historia.

El caso de Las Pomas, en el municipio de Madera, es una representación de todo eso, pero también de una cada vez mayor impunidad: 150 sicarios en 50 camionetas llegaron a ese pueblo y lo quemaron, ¿y nadie se enteró, ninguna inteligencia lo pudo prever, nadie pudo perseguirlos?

No hubo ni siquiera un despliegue significativo: varias horas después del ataque llegaron al lugar policías estatales y la fiscalía local, junto con elementos del ejército y la Guardia Nacional. Encontraron sólo cenizas y desolación.

No es que no se pueda, quizás es que no se quiere o no se tiene capacidad o decisión para encarar ese combate.

Hace algunas semanas, cuando se dio algo similar en el poblado de Villa Unión, en Coahuila, la coordinación de fuerzas estatales y federales permitió rodear y perseguir hasta Tamaulipas a los asaltantes y provocarles más de 25 bajas, entre muertos y detenidos.

Villa Unión está muy cerca también de Allende, un pueblo en el que en 2011 los Zetas cometieron la mayor masacre en la historia de la lucha contra el narcotráfico: un número indeterminado de personas, entre 100 y 300, fueron asesinados por los comandos de los Zetas que tomaron aquel pueblo para vengar, se dijo entonces, una supuesta delación.

El pueblo de Villa Unión se libró de un destino similar al de Allende o al que le tocó sufrir la semana pasada a Las Pomas, porque a diferencia de lo que ha ocurrido en muchos otros casos, se actuó con firmeza y coordinación en las instancias federales y estatales que no sólo repelieron el intento de toma de ese pueblo por el  Cártel del Noroeste, sino que, incluso, se implementó la persecución por tierra y aire del grupo criminal por toda la frontera de Coahuila e incluso dentro de Tamaulipas, donde los restos del comando de 70 sicarios trataron de refugiarse.

Cuando ocurrieron los hechos dijimos aquí que si los atacantes de Villa Unión pensaban que iban a ser tratados con la misma indulgencia que los sicarios que tomaron Culiacán, los hechos demostraron que se equivocaban: tuvieron como respuesta toda la fuerza del Estado. Eso, dijimos, era lo importante, lo excepcional. Desgraciadamente, en Chihuahua (donde siguen asesinando, además, activistas, como este fin de semana a Isabel Cabanillas) se sigue sin actuar, operando mal y tarde, como ocurrió con los LeBarón y en Las Pomas.

La lucha contra los grupos criminales debe tener ajustes, pero la presión constante contra esos grupos no puede abandonarse porque terminan regenerándose.

Los presuntos responsables del crimen de los LeBarón y los Langford serían los responsables del ataque a Las Pomas: el cártel de La Línea. Este grupo, ligado al cártel de Juárez, prácticamente había desaparecido, pero los cambios sexenales en el estado y en la Federación modificaron prioridades, cambiaron estrategias y dejaron hacer. La consecuencia es que esos cárteles se regeneran.

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Insistimos en un punto: no existe experiencia internacional alguna que demuestre que una política de apaciguamiento unilateral del Estado contra cárteles o mafias haya dado resultados positivos.

En todo caso eso puede lograrse después de haberlos derrotado y retomado el pleno control del Estado. Primero, deben ser desarticulados.