A petición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia capitalino aumentó de 31 a 36 años de cárcel la pena en contra de Mónica García Villegas, dueña del Colegio Enrique Rébsamen que se derrumbó durante el sismo del 19 de septiembre del 2017.
“Miss Mony” está acusada de homicidio en agravio de 26 personas debido a que se pudo acreditar que se cometieron diversas irregularidades en la construcción de un segundo piso en ese colegio que colapsó con el sismo.
La Fiscalía se ha ensañado con “Miss Mony” y con un Director Responsable de Obra, los únicos a quienes ha responsabilizado de la tragedia del Rébsamen. Pero se ha olvidado de otros involucrados, como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
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Sheinbaum, responsable
El 15 de junio del 2018, la Barra Mexicana de Abogados dio a conocer las conclusiones de la revisión jurídica que hizo del caso Rébsamen, de las que se desprende que Claudia Sheinbaum es responsable “por omisión o corrupción” del derrumbe del colegio.
Un grupo de la Barra, integrado por juristas como Ernesto Villanueva, Claudia de Buen y Julio Gutiérrez, realizó un estudio del caso como parte de la defensa legal de varios de los deudos de las personas que perdieron la vida.
En sus conclusiones, el grupo de juristas determinó que el colegio no se derrumbó por el sismo sino por “los defectos en la estructura y la construcción, situación atribuible a la negligencia y omisión de diversas autoridades, como Claudia Sheiunbaum, entonces jefa delegacional de Tlalpan, funcionarios de Seduvi y el Invea de la Ciudad de México, y de la SEP.
En un artículo publicado en la revista Proceso el 23 de junio de 2018, Ernesto Villanueva señaló: “la delegación tiene atribuciones que entrelazan su responsabilidad con las dependencias del gobierno de la Ciudad de México, y aquella instancia es la primera relación del ciudadano con la autoridad; de ahí por tanto, que juegue un papel de importancia capital”.
Villanueva sostuvo que incluso podría configurarse la pena privativa de la libertad para los servidores públicos involucrados (de Tlalpan, Seduvi, Invea y SEP), los cuales podrían ser acusados de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y coalición de servidores públicos.
Sin embargo, Sheinbaum nunca fue molestada y ni siquiera fue citada a declarar por la entonces Procuraduría General de Justicia de la capital. Y menos lo hará la actual Fiscalía, encabezada por Ernestina Godoy, una fiel militante de la “Cuarta Transformación”.
