Partamos con la idea de la actual situación por la que padece el país, el repunte de la violencia de género y los feminicidios meten en aprietos la figura política del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En casi todos los espacios de la vida pública la violencia en contra de las mujeres se consuma, en las calles, escuelas, trabajos y en los hogares. Es por ello, que adquiere cierta relevancia, pero tal parece que no cabe en la agenda política de Morena.
Con dicho contexto, muchas mujeres, la mayoría de ellas pobres, o en complejas condiciones de vulnerabilidad social, sean llevadas a prisión por los altos índices de la interrupción voluntaria del embarazo ya que según las autoridades transgrede el ámbito de las libertades individuales y los derechos humanos.
Los estados en donde se persigue más la interrupción del embarazo son: Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Queretaro, Michoacan y Baja California Sur. Curiosamente en la CDMX se iniciaron 71 carpetas de investigación en lo que va del año por feminicidio, frente a 132 por aborto –85% más por el segundo– mismas que exhortan a manifestaciones ya que hay carencias de atención de demandas por parte de las autoridades.
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De acuerdo con las estadísticas de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México se inician, en promedio, 566 carpetas de investigación al año por el delito de “aborto”; esto significa que cada mes hay 47 carpetas de investigación que se inician por esta causa.
Es algo inverosímil que se persiga más el hecho de que una mujer tome la decisión de abortar, que se atiendan las demandas por feminicidio y la creciente ola de violencia que encabeza la actual administración de AMLO.
Los estándares de la “moralidad” del mandatario, van en declive y cada vez da a relucir sus intereses por lo cual llegó a las silla
