Aún cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, hacer públicos todos los contratos relacionados con las empresas que vendieron el software de espionaje Pegasus al gobierno de EPN, la Sedena mintió y ocultó los contratos con Comercializadora Antsua, compañía que vende el malware de NSO Group.
De acuerdo con el periodista, Sebastián Barragán, en el marco de la investigación, el Ejército espió a 2 periodistas y un defensor de derechos humanos en el actual gobierno.
Los afectados fueron un periodista de Animal Político; Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos en Tamaulipas, y el periodista y escritor Ricardo Raphael, como pudo comprobar Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, luego de hacer un análisis forense a sus equipos.
En los tres casos, la intervención ilegal a los teléfonos ocurrió cuando los afectados investigaban temas relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.
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Quien los espió pudo acceder a todo el contenido en el equipo: contraseñas, archivos, fotografías, correo electrónico, contactos, aplicaciones de mensajería, incluso encriptadas. También, activar el micrófono y la cámara para monitorear toda la actividad cerca del teléfono, así como acceder a conversaciones de mensajería realizadas previamente al ataque.
Esta investigación periodística realizada en conjunto por Animal Político, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Proceso y Aristegui Noticias comprueba, por primera vez, que el espionaje a través de la infección del sistema Pegasus ha continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
