Prácticamente todos los detenidos de los operativos de la semana pasada del Cártel de Santa Rosa de Lima, incluyendo al padre, la madre, la hermana y la cuñada de El Marro quedaron en libertad.
Ayer se cruzaron acusaciones entre el presidente López Obrador y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, sobre la responsabilidad, del ámbito local o federal, de que un juez determinara que al no existir una orden de cateo vigente durante las detenciones los detenidos tenían que quedar en libertad.
Es lastimoso ver cómo tratan de explicar el error del otro y cómo lo único que queda claro es que, otra vez, la única explicación es que por falta o tardanza de la orden de cateo se deja en libertad a delincuentes que sí han cometido delitos graves. Es inconcebible: entiendo que operativos contra líderes del narcotráfico tienen que realizarse siempre en una situación límite y que en muchas ocasiones no hay más opción que continuar el operativo porque de otra forma se pierde al delincuente y es la última oportunidad para detenerlo (muchos viven en casas interconectadas o huyen a casas vecinas o vienen huyendo y se introducen en una casa o las autoridades lo siguen o gracias a una delación huyen de última hora).
Pero no puede ser que la excusa o coartada de la orden de cateo se use una y otra vez para liberarlos, sin considerar si son o no responsables de otros delitos. Estos casos demuestran la falta de coordinación existente no sólo en algunos ámbitos federales, sino también de éstos con los estatales y entre los distintos poderes.
Decíamos ayer, y reiteramos hoy: es una necesidad extrema reordenar y configurar una verdadera estrategia de seguridad integral, que incluya a las fuerzas federales, pero también a las estatales, a los ministerios públicos y a la justicia, sobre todo para los casos de delincuencia organizada.
No puedo entender que no llegue, durante horas, una orden de cateo o aprehensión para Ovidio Guzmán cuando ya tiene solicitud de extradición; o que no se pueda detener en flagrancia a los operadores de El Marro; o que cuando el Menchito huya de quienes lo van a detener y se meta a su casa en plena huida se requiera parar el operativo para pedir la orden de cateo; o que cuando El Lunares pase de su casa a la vecina se le libere porque había orden de cateo para la primera casa, pero no para la segunda.
O que en el intercambio de ayer, la Fiscalía General y la del Estado se estén responsabilizando mutuamente de los errores cometidos a nivel pericial.
No se quieren repetir esquemas del pasado, pero muchas veces éstos son inevitables. Hay ciertos operativos que deben ser coordinados a nivel federal e, incluso, en grupos de élite, los cuales deben tener hasta sus propios ministerios públicos y jueces especializados (que los acompañen) para las órdenes específicas de cateo o aprehensión.
Hay ocasiones en las que no se puede informar al estado, a la Procuraduría o Fiscalía estatal y a la policía local. Si se hubiera avisado a las fuerzas locales cuando se detuvo a El Chapo Guzmán en Mazatlán no hubiera sido nunca capturado. Y como ese hay cientos de casos.
Se necesita reforzar ese tipo de operativos y al mismo tiempo darles flexibilidad. Tiene razón el gobierno federal en reclamar la acción del fiscal de Guanajuato, quien lleva diez años en el cargo y durante todo su periodo lo único que ha ocurrido es que ha aumentado geométricamente la violencia y la inseguridad en el estado. Tiene razón en reclamar que no tuviera la fiscalía en orden todos los instrumentos para asegurar la prisión de los detenidos. Y tiene razón el gobierno local en reclamar que ese tipo de operativos se realicen bajo el paraguas de la Fiscalía General, porque, evidentemente, estamos hablando de crimen organizado. Pero, más allá de eso: si no se tiene plena confianza en el accionar de los cuerpos de seguridad locales, ¿por qué las fuerzas federales recurren a ellos incluso para que judicialicen el caso?
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Me parece que al final, tanto a nivel local como federal, todo es una forma de no hacerse responsable, de no asumir las consecuencias de sus actos y lo dejan en manos de jueces que a veces aciertan y otras no, que a veces actúan con honestidad y en otras no, y seguimos sin tener un marco legal, una estrategia clara para que se pueda actuar con transparencia y eficacia contra los principales grupos y líderes del crimen organizado.
Al margen: no sé si era correcto detener a la mamá de El Marro (sí a sus otros familiares), aunque tuviera algunas actividades cercanas a su hijo, mismas que no deben ser distintas a las que tiene o tuvo la mamá de El Chapo, a la que se le fue a saludar de mano.
Hubo una época en que se era muy cuidadoso en la captura de madres, hijos o parejas que no estuvieran absolutamente involucradas en las actividades del detenido. Ése fue el caso de Emma Coronel en Mazatlán, cuando fue detenido El Chapo: se la dejó ir junto con sus hijas, no era lógico detenerla.
