Los Guacamaya Leaks también reflejan el descaro, pues la Sedena sabe que la militarización de México viola los tratados internacionales.
Para los tratados internacionales en la materia que ha firmado México, la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública es una inminente violación a los derechos humanos.
Dicho argumento lo utilizó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contra una reforma de 2019 que buscaba regular la estancia del Ejército en las calles, algo que en 2022 terminó ocurriendo.
De acuerdo con los documentos hackeados a la dependencia castrense por los hackactivistas de Guacamaya, la Sedena tuvo una postura en contra de la “Ley para la Disposición de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública”, iniciativa presentada en abril de dicho año por la senadora priista Claudia Edith Anaya Mota.
“La posición institucional del ejército mexicano –confirmada por la Unidad de Asuntos Jurídicos en agosto de 2019– surgió a petición de la Secretaría de Gobernación (Segob), ello a través del Sistema de Automatización de Opiniones (SAO)”, reveló Publimetro.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos es del criterio de que las fuerzas armadas no participen en tareas de seguridad pública, considerando esta actividad como una inminente violación a los derechos humanos y que es propia y exclusiva de los cuerpos policiales”, señala la Sedena en el escrito.
Extienden plazo de militares en las calles
Sin embargo, el pasado septiembre, el Congreso de la Unión aprobó una reforma para dar al ejército mexicano el control de la Guardia Nacional –un órgano de seguridad pública–; un mes después avaló hasta 2028 la estancia en las calles de las fuerzas armadas. Esto fue impulsado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y apoyado por el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval.
Otra premisa para catalogar como inviable la reforma de ley fue la diferencia entre seguridad pública y seguridad nacional, pues son conceptos con alcances jurídicos distintos y no se manejan así en el proyecto, según la Secretaría de la Defensa Nacional.
Da la impresión de que han usado la normatividad a su conveniencia, pues los Guacamaya Leaks revelaron que la Sedena sabe que la militarización de México viola los tratados internacionales.
JZ
