El golpe perpetrado el pasado fin de semana por la mayoría Morena-PT en el Congreso de Baja California Sur podría terminar por atarle las manos al gobernador, Carlos Mendoza Davis, y sumir a la entidad en una gran crisis en pleno proceso electoral 2021.
El agandalle de la mayoría en el Congreso, al nulificar mediante juicios políticos sumarios e ilegales a la oposición y conducir de facto los trabajos del órgano legislativo, impide que se tomen decisiones trascendentales para la vida del estado, muchas de las cuales tienen fechas fatales.
Una de esas decisiones es la autorización que el Congreso debe otorgar para que el gobierno del estado y el municipio de Los Cabos aporten recursos económicos para la construcción de una planta desalinizadora que tiene como fin resolver el grave problema de abasto de agua potable que padecen los habitantes de Cabo San Lucas.
El Congreso, bajo control de facto de Morena, aprobará el proyecto en los próximos días, pero el gobernador no publicará el decreto en el boletín oficial del gobierno, en apego a la resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, en el sentido de que toda acción del Congreso en las actuales condiciones es inválida.
Entonces Morena acusará al gobernador de que, con su negativa a publicar la autorización, está frenando esa magna obra, anunciada el 4 de marzo del 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que generó muy elevadas expectativas, debido a que el problema del agua en Cabo San Lucas es muy grave.
En pleno proceso electoral, con todos los ejércitos de Morena en campaña, el gobernador Carlos Mendoza aparecerá como el que impidió que miles de habitantes de colonias populares de Los Cabos tengan por fin el muchas veces prometido abasto de agua potable.
El 12 de este mes, el Congreso –con la “integración espuria”, como la calificó el gobernador– recibió de la presidenta municipal de Los Cabos, la morenista Armida Castro Guzmán, la solicitud de autorización del proyecto e inició su análisis.
En cualquier momento el Congreso emitirá su resolución, misma a la que, insistimos, no le dará validez el gobernador en virtud de la posición de la Corte respecto a la situación del Poder Legislativo local. Y a partir de entonces, el gobernador quedará como el malo de la película.
Por otro lado, Morena no calculó del todo bien los alcances de su comportamiento golpista, con el cual está a punto darse un balazo en el pie.
Está pendiente la aprobación de una reforma electoral, impulsada precisamente por Morena, para eliminar las candidaturas comunes y definir criterios que aterricen la aplicación del principio de paridad de género.
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La reforma debe ser aprobada a más tardar el próximo martes 1 de septiembre, es decir, 90 días antes del inicio del proceso electoral local 2021, que en BCS inicia el 1 de diciembre.
Si el Congreso, conducido de facto por la mayoría Morena-PT, aprueba esta reforma el martes, el gobernador no la publicará y por lo tanto no entrará en vigor y las elecciones del próximo año se tendrán que llevar a cabo con la legislación vigente, llena de vacíos legales y de ambigüedades.
Si la reforma electoral no es aprobada, los partidos opositores a Morena podrán postular candidatos comunes sin tener que desgastarse en la formación de coaliciones y sin renunciar a sus prerrogativas económicas, algo que el partido mayoritario no deseaba.
Y lo peor: los vacíos legales de la actual legislación local serán nuevamente resueltos por el Instituto Estatal Electoral de Baja California, cuya presidenta, Rebeca Becerra Amador, ha sido acusada por unos y por otros de excederse en sus facultades.
OFF THE RECORD
RESPONDE EL INAI
“No es que queramos ser tapaderas”, dijo ayer el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas.
El funcionario respondió así a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que el Instituto se negaba a dar a conocer información respecto a Emilio Lozoya Austin.
“Con todo respeto al presidente, pero no compartimos esto, naturalmente hemos hecho la apertura de la información, pero los jueces de amparo han retenido las acusaciones en el caso completo de Nafin”, dijo Acuña.
**PRUEBA DE FUEGO PARA CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció ayer que dio inicio a una investigación sobre posibles violaciones a los derechos humanos relacionados con el proyecto de Tren Maya.
La queja fue presentada por el Comité Pro Defensa Tren Maya, el cual denunció supuestas violaciones a los derechos humanos de habitantes de comunidades indígenas de Calakmul, Campeche.
Veremos si la CNDH se atreve a cuestionar uno de los proyectos estrella del actual gobierno federal.
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