El pasado fin de semana, la mayoría morenista en el Congreso de Baja California Sur perpetró un golpe a la democracia al borrar de esa cámara a la oposición, mediante la destitución ilegal de cinco diputados y la amonestación de otros tres.
Se trató de un clásico sabadazo, pues la sesión en la que impusieron las sanciones se realizó el sábado 22 de agosto y la toma de protesta de cuatro diputados suplentes tuvo lugar el domingo, con una duración de apenas 18 minutos.
Pero en realidad, el golpe de Morena comenzó desde el pasado 17 de marzo, cuando los diputados de este partido y los del PT se negaron a acatar la decisión de la presidenta de la Mesa Directiva, Daniela Rubio Avilés –del Partido Humanista— de suspender la sesión debido a la pandemia de COVID-19.
Ese día los diputados de Morena y del PT decidieron continuar con la sesión por su cuenta; desconocieron a Daniela Rubio como presidenta y “eligieron” en su lugar a la morenista Mercedes Maciel. Sin tener legitimidad, realizaron cambios administrativos y suspendieron a ocho diputados de oposición que se negaron a continuar con la sesión.
Ese primer golpe de Morena fue combatido por el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, mediante una controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, concedió el pasado 3 de junio una suspensión provisional con efectos.
En su resolución, el ministro ponente ordenó que el Congreso de BCS continuara con la sesión que fue suspendida el 17 de marzo, cuando la presidenta era la humanista Daniela Rubio Avilés, y determinó que todos los actos realizados por el Congreso a partir de esa fecha carecían de validez.
Sin embargo, el 22 de junio, durante una sesión que no fue convocada por la presidenta reconocida por la SCJN, la mayoría Morena-PT volvió a “destituir” a Daniela Rubio Avilés y siguió con el desahogo de los asuntos pendientes en el Congreso, en claro desacato a la resolución de la Corte.
Así llegamos al pasado sábado, cuando, en sesión convocada por un presidente no reconocido por la Corte, Ramiro Ruiz Flores, la mayoría Morena-PT sometió a juicio político a los ocho diputados de la oposición, a quienes sancionó por haber faltado cinco días consecutivos a las sesiones en tiempos pasados.
La demanda de juicio político fue presentada un ciudadano de nombre José Alfredo Jiménez Ocampo y su desahogo formó parte de las acciones que el ministro Alberto Pérez Dayán declaró inválidas al conceder la suspensión provisional.
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Los diputados sancionados ilegalmente por Morena son: Lorenia Lineth Montaño Ruiz, del PES; Daniela Rubio Avilés, del Partido Humanista; Elizabeth Rocha Torres, del PAN; Perla Guadalupe Flores Leyva, del PES; y Rigoberto Murillo Aguilar, del mismo partido, con destitución.
Además, José Luis Perpuli Drew, del PAN; Maricela Pineda García, del PRD; y Anita Beltrán Peralta, del PRI, con amonestación. Todos ellos contaban con un amparo otorgado por el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Baja California Sur.
El golpe político de la autodenominada “Cuarta Transformación” en Baja California Sur es un hecho grave, que atenta contra la democracia y contra el Estado de Derecho.
Morena y su rémora pasaron por encima de la Constitución, de las resoluciones del Poder Judicial de la Federación y hasta del sentido común para lograr el control absoluto del Congreso de Baja California Sur, sin oposición que les estorbe.
Si esta situación no se corrige a tiempo, quedará sentado un mal precedente sobre lo que el partido en el poder es capaz de hacer para aplastar a los pequeños contrapesos y convertirse en dueño absoluto del poder.
OFF THE RECORD
**DOCUMENTAN VIOLACIONES DE AMLO
La organización civil Causa en Común dio a conocer ayer un documento en el que documenta 30 acciones y omisiones atribuibles al presidente Andrés Manuel López Obrador, que debilitan el Estado de Derecho.
El estudio, denominado Asalto a la ley en 2020, define punto por punto los preceptos constitucionales presuntamente violados por acciones u omisiones del primer mandatario.
Vale la pena echarle un ojo.
**NOROÑA ALARDEA
Gerardo Fernández Noroña aseguró que su bancada, el PT, tiene amarrados seis diputados para lograr convertirse en la tercera fuerza y acceder así a la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro, que quiere para sí mismo.
A reserva de comprobar si lo que dice es cierto o no, vergüenza le debería dar al locuaz diputado reconocer que se dedica al trasiego de legisladores. Pero en lugar de eso, hasta lo presume.
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