A cinco días de que venza el plazo para la presentación de las declaraciones patrimoniales, solo cinco de los 19 integrantes del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador han cumplido con el trámite, lo que confirma que la autodenominada “Cuarta Transformación” sigue peleada con la transparencia.
El comportamiento del primer círculo de colaboradores de López Obrador es congruente con su forma de actuar en el inicio de gobierno, cuando los integrantes del gabinete presentaron sus respectivas declaraciones en el límite del plazo legal establecido, pero lo hicieron con un sinfín de trampas que luego salieron a la luz.
Mediante investigaciones periodísticas nos enteramos, por ejemplo, que en su primera declaración, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, omitió registrar una propiedad en Houston con valor de 11.1 millones de dólares.
Pudimos saber también que quien era secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, no reportó el saldo de una de las tres cuentas bancarias que declaró poseer.
Apenas en días pasados pudimos saber que quien era secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, no reportó en ninguna de sus declaraciones patrimoniales todos los bienes que posee, según la revelación que hizo el periodista Carlos Loret de Mola.
Pero el ejemplo más paradigmático fue el del titular de la CFE, Manuel Bartlett, quien omitió incluir en su declaración patrimonial un sinfín de propiedades inmobiliarias de las cuales supimos nuevamente gracias a un trabajo periodístico, de esos que tanto detesta el presidente.
Y ni cómo aspirar a que haya una mayor transparencia en el gobierno de la “4-T”, cuando la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, que es la responsable de garantizar la rendición de cuentas, también omitió reportar bienes materiales en su propia declaración.
Sandoval no solo no ha promovido el que haya una mayor transparencia, sino que ha fungido como tapadera de quienes se han desviado de la honestidad, labor que hizo muy bien cuando exoneró a Bartlett.
El ocultamiento de información es algo que ha acompañado a López Obrador desde que fue jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando reservó la información relacionada con la construcción de los segundos pisos del Periférico.
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Y en lo que va de su mandato presidencial, López Obrador ha reservado información sobre el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, los contratos para la compra de vacunas anti Covid-19, datos de muertes por suministro de heparina sódica en un hospital de Pemex, la tragedia de Tlahuelilpan y el operativo fallido en que se dejó en libertad a Ovidio Guzmán, entre muchos otros.
Sus fieles alfiles repiten la fórmula, como hizo Claudia Sheinbaum cuando reservó la información sobre el derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen durante el sismo del 2017. Y recientemente lo volvió a hacer con la tragedia de la Línea 12 del Metro.
Definitivamente, la transparencia no se lleva bien con la “4-T”. Son como el agua y el aceite.
OFF THE RECORD
**EL CACICAZGO DE IZTACALCO
El candidato del PAN a la alcaldía de Iztacalco, Daniel Ordóñez Hernández, tiene ante sí el reto de terminar con un cacicazgo que durante 18 años ha ejercido ahí el actual alcalde, Armando Quintero.
Ordóñez dijo a los medios que la gente ya está harta de este grupo que, bajo el liderazgo de Quintero, ha hecho tanto daño a la demarcación durante muchos años.
Entre los personajes a quienes Quintero les ha encargado la administración está su cuñado, Francisco Sánchez.
Ordóñez se mostró confiado en que el próximo 6 de junio los votantes de Iztacalco le pondrán un freno al cacicazgo de Morena.
**MÁS RIFAS PATITO
El gobierno federal ya prepara nuevas rifas, ahora sí en especie, pero igual de patito que la falsa rifa del avión presidencial, tan chafa, que ya nadie habla de ella.
Lo dijimos oportunamente en este espacio: para algo quería López Obrador una Lotería Nacional a modo.
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