La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó, por segunda ocasión, la aprehensión de 31 científicos e investigadores, acusados por la actual dirección de Conacyt de tres delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
Pese a que un juez federal de control del Centro de Justicia Federal ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, ya había rechazado conceder las órdenes de aprehensión solicitadas la FGR el pasado 24 de agosto, la dependencia insistió.
El juez que recibió la solicitud se sustentaba en que faltaban elementos para sustentar los ilícitos que se pretende imputar a los académicos.
¿En qué consiste la denuncia?
La denuncia presentada ante la FGR acusa a los académicos de haber encabezado comités a través de los cuales se autorizaron, entre 2013 y 2018, recursos públicos a una asociación civil con razón social Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C para realizar funciones que ya estaban a cargo del Conacyt. En total, sería un monto de unos 200 millones de pesos, que fue el presupuesto asignado durante el sexenio pasado al órgano autónomo consultivo.
Aún cuando el Foro Consultivo existe desde 2002 y desde entonces reciben financiamiento público, tal como marca la ley, la denuncia por un supuesto esquema ilegal de asignación de recursos se limita al sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
La base de la acusación es que los científicos y académicos establecieron un “sistema para recibir fondos” por unas labores que ya hacía la propia Conacyt.
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¿Cómo empezó todo?
La disputa inició hace dos años, cuando la dirección de Conacyt, que encabeza Elena Álvarez Bullya, decidió cancelar el financiamiento al Foro, su propio órgano autónomo consultivo, tema que incluso ya fue abordado por la Suprema Corte. De aquella disputa se pasó a una denuncia ante la FGR y una petición de órdenes de aprehensión por delitos de delincuencia organizada.
¿Qué dicen los investigadores al respecto?
Los académicos han sostenido que esta asignación de los recursos no era discrecional. En cambio, se trataba de una obligación establecida en la Ley de Ciencia y Tecnología y que las decisiones se tomaban de forma colegiada tras una revisión cuidadosa de muchos proyectos. Cada uno de esos proyectos era previamente avalado a través de evaluaciones técnicas a cargo de al menos dos investigadores distintos que emitían un dictamen para determinar si era procedente o no.
Con información de Animal Político
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