El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, solicitó una orden de aprehensión en contra de 31 científicos, académicos y personal administrativo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), acusándolos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
El columnista Raymundo Riva Palacio, describió en su columna, la manera en que el funcionario “utiliza la fuerza para embestir a sus rivales, a familiares o a cualquier persona que considere lo ha agraviado”.
“La acusación del fiscal tiene un enorme sabor a venganza, luego de que la comunidad científica se levantó a gritos y protestas porque Álvarez-Buylla lo aprobó como investigador del nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores, reservado para quienes hayan hecho contribuciones significativas en su campo de experiencia” expone el periodista.
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Esta acción del fiscal estaría basada en una denuncia presentada por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, quien se negó a otorgar recursos al FCCyT desde el inicio de la administración morenista, por considerar que esta asociación gastaba más recursos de los que necesitaba para su “adecuado funcionamiento y operación permanente”.
“¿Por qué este actuar ‘vengativo’ del abogado?”, cuestiona el columnista.
“(Ese nivel está) reservado para quienes hayan hecho contribuciones significativas en su campo de experiencia, luego de una década que lo había intentado sin éxito porque, hasta antes de este gobierno, los evaluadores del Consejo de Aprobación habían concluido que no tenía los méritos suficientes”, explica Riva Palacio.
