Este miércoles, detuvieron en España al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya; sin embargo, su posible extradición se podría demorar hasta cuatro meses, esto con base en la legislación vigente en la materia.
Cabe señalar que Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Lozoya Austin de los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho.
“Tras la detención de un individuo en territorio español o mexicano que sea buscado en su contraparte por delitos que ameriten más de un año de prisión, se tiene un plazo de 60 días tras el arresto para pedir la deportación por la vía diplomática.
“Si no llegase a hacerse en un plazo de 45 días, el estado captor puede retirar la prisión preventiva al imputado. Para hacer la petición debe entregarse una exposición de los hechos por los cuales la extradición se solicita, indicando en la forma más exacta posible el tiempo y lugar de su perpetración además de su calificación legal”, establece el tratado de extradición firmado entre ambos países en 1978 y vigente desde 1980.
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Aunado a lo anterior, deben incluirse documentos como “original o copia auténtica de la sentencia condenatoria, orden de aprehensión, auto de prisión o cualquier otra resolución judicial que tenga la misma fuerza según la legislación del país que solicite la deportación”.
También se debe incluir el texto de las disposiciones legales relacionadas al delito o los delitos que supuestamente haya cometido el imputado, así como las penas correspondientes y los plazos de prescripción de los mismos.
En caso de que se conceda la extradición se tienen otros 60 días para llevar a cabo la entrega del reclamado, en este caso Emilio Lozoya, a partir de que el país solicitante sea notificado de la decisión.
Es importante remarcar que si en el plazo antes descrito el reclamado no ha sido recibido, el país que los capturó lo pondrá en libertad; incluso, posteriormente, se podrá denegar la extradición por el mismo ilícito.
Con información de Milenio
