La molestia del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Poder Judicial de la Federación (PJF) pasó de las críticas y exhibiciones al acecho de ministros, magistrados, jueces y sus recursos.
Y todo ello por que este órgano del Estado Mexicano ha sido incómodo para el mandatario tabasqueño, porque en los cinco años de su administración ha sido un contrapeso, no se ha plegado a su política de austeridad y no ha actuado como una extensión del Ejecutivo -como sí ha pasado con el Poder Legislativo que está bajo control de Morena- para fortalecer a su gobierno corrupto; por lo que en la recta final de su gobierno, López Obrador ha buscado la manera de debilitar a esta Poder; ya sea orquestando un discurso de odio en contra de los ministros y magistrados, hasta asfixiar presupuestalmente al PJF.
Presidentes han tenido la tentación de incidir en PJF
Ante este panorama, expertos explican que el conflicto de AMLO con el Poder Judicial más que legal o administrativo, es político.
Sin embargo, dijeron que no es algo nuevo o exclusivo de este gobierno, pues en sexenios anteriores, ha sido una tentación para el titular del Ejecutivo incidir en el Poder Judicial.
“Hay algunos autores que le llaman el autoritarismo competitivo, el populismo democrático, autocracia, hay distintas denominaciones que tratan de dar cuenta del fenómeno de cómo se busca colonializar a los otros poderes y a los organismos constitucionales autónomos desde la Presidencia de la República”, explicó Sergio Salgado Román, profesor de la Universidad Intercontinental.
El artículo 49 de la Constitución establece que “el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, sin embargo, expertos consideran que el presidente, al igual que otros, intentó extender su poder hacia el Poder Judicial, pero al no lograrlo, optó primero por criticarlo, luego por exhibirlo, y ahora busca restarle recursos y por qué no, transformarlo mediante la elección de sus integrantes por la vía del voto ciudadano.
“Cada uno de ellos tiene su monopolio de actividades y ese monopolio de actividades implica, un respeto hacia las funciones que desarrolla cada quien. Cuando se trata de señalar un poder al otro o de sancionar, se hace a través de las instituciones legales, concretamente procedimientos, pero no bajo un espectro o un panorama politizado y ocupando el pódium del Ejecutivo, como lo ha venido haciendo en estos cinco años”, sostuvo José Perdomo Galicia, especialista en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.
AMLO está enojado por no tener el control del Poder Judicial
En el arranque de su gobierno, Andrés Manuel se comprometió a que el Ejecutivo dejaría de ser el poder de los poderes y que habría respeto hacia el Legislativo y Judicial. Se trata del compromiso 92 que hizo la tarde del 1 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, y que ya da por “cumplido” debido a que López Obrador “ha manifestado públicamente su respeto a la autonomía de los otros poderes y ha actuado en consecuencia”.
Sin embargo, López Obrador mantiene una confrontación con el Poder Judicial, a cuyos integrantes ha tachado de “corruptos”, “conservadores”, “hipócritas”, de sostener “convivencias inconfesables” y de derroche de recursos.
La molestia del presidente no solo es por el actuar de los ministros, magistrados o jueces al aplicar la justicia, sino porque no logró tener el control del Poder Judicial pese a haber nombrado a cuatro ministros: Juan Luis González, Yasmin Esquivel, Margarita Ríos y Loretta Ortiz Ahlf.
“Me equivoqué porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos y yo respeto eso, porque pues yo propongo, pero yo no quiero tener incondicionales, yo quiero que haya hombres y mujeres libres, conscientes y que al momento de tomar decisiones cada quien asuma su responsabilidad”, dijo AMLO en su “mañanera” del 2 de septiembre de 2022.
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Salgado Román explicó que con la reforma que realizó el entonces presidente Ernesto Zedillo en 1994 al disminuir de 26 a 11 el número de ministros, a cada mandatario le correspondería el nombramiento de dos nuevos integrantes, sin embargo, a López Obrador le han tocado cuatro, pero no todos se mantuvieron votando en la línea de favorecer al actual gobierno, lo cual ha contribuido a la molestia hacia ese poder.
“La teoría constitucional ha señalado que como los ministros no llegan por voto directo, la forma de obtener legitimación es a través de sus decisiones, de sus fallos, que no sean ni a favor ni en contra del presidente que los puso”, comentó.
López Obrador se quedó sin un alfil en la SCJN que represente sus intereses
Por su parte, Gustavo López Montiel, catedrático del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), dijo que AMLO no pudo tener bajo su control el Poder Judicial como sí sucedió hasta cierto punto con el Legislativo, en donde su partido y aliados lograron mayoría calificada y en la segunda mitad, mayoría simple.
“Los presidentes normalmente buscan controlar, no únicamente los espacios del Poder Judicial o sea los ministros, sino fundamentalmente a la Presidencia porque la Presidencia del Poder Judicial tiene atribuciones como cualquier otro órgano que son importantes para la forma en la que se resuelven los asuntos”, sostuvo.
Cuando Arturo Zaldívar ocupaba la presidencia de la Suprema Corte entre el Ejecutivo y el Judicial “reinaba cierta paz”, sin embargo, tras la llegada de Norma Piña, quien llegó a la Corte propuesta por Enrique Peña Nieto, la relación entre el Poder Ejecutivo y Judicial se torno ríspida.
“Su candidata era Yasmín Esquivel, pero con lo que salió del plagio de su tesis a inicios de año, le dinamitaron ese camino y prácticamente el presidente se quedó sin un alfil o sin alguien que representara los intereses de su actual régimen dentro de la corte”, agregó Salgado Román.
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Y es que Andrés Manuel López Obrador ha tenido varios reveses en la SCJN, tres de ellos bajo la presidencia de Norma Piña: se frenó el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se detuvo la primera parte del llamado “Plan B” de la reforma electoral y se invalidó al acuerdo por el que se instruyó a las dependencias considerar proyectos y obras del Gobierno como de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.
López Montiel agregó que los ministros ya en el cargo comienzan a mostrar cierta independencia de quien los nominó a ese cargo.
“Los ministros comienzan a ser un poco más independientes en términos de la forma en la que votan y comienzan a configurar bloques distintos también dependiendo de los contextos políticos que enfrentan porque al final las decisiones que toman la Suprema Corte de Justicia son decisiones políticas también no son únicamente legales sino que son políticas porque obedecen a contextos”, destacó.
Con información de Expansión Política
MSA
