Autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como exconsejeros y representantes de partidos políticos coinciden que el crimen organizado es uno de los retos más apremiantes para las elecciones del 2024.
De acuerdo con la consultora Lantia Intelligence, en el año pasado se registraron 322 eventos violentos que derivaron en 389 víctimas; mientras que Integralia Consultores estimó como “alta” la probabilidad de que la violencia política e injerencia del crimen organizado estén presente en las elecciones del próximo año.
Ello, indican, podría derivar en ataques a candidatos o personajes políticamente relevantes en las entidades donde dos o más grupos delictivos se disputan el control territorial –buscarán sustituir o continuar sustituyendo a las autoridades como agentes reguladores– e injerencia operativa para beneficiar a candidatos aliados cuando la competencia sea cerrada.
Para evitar riesgos, el INE, el Gobierno Federal -a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)- y la Fiscalía General de la República (FGR) instalaron la Mesa de Seguridad Interinstitucional para el Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024, que se encargará de vigilar y dar seguimiento a la estrategia conjunta en la materia.
El objetivo es garantizar que los comicios del 2 de junio de de 2024 en los que se renovará la Presidencia de la República, ambas cámaras del Congreso federal, ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y sus 16 alcaldías, entre más de 20 mil cargos de elección popular, se desarrollen de forma libre, pacífica y ordenada, en un ambiente de gobernabilidad democrática.
De manera paralela y a propuesta de Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Consejo General del INE, encabezado por su presidenta Guadalupe Taddei, convino en emitir un reporte mensual sobre los avances en las mesas de seguridad que se realizan en cada entidad y a nivel federal.
La idea es coordinar los trabajos conjuntos entre autoridades federales y electorales, que permitan “blindar” las elecciones de 2024, para evitar actos violentos como en la jornada electoral del 2021.
“Blindaje” electoral
Guadalupe Taddei aclara que, si bien la seguridad no es una atribución de las autoridades electorales, el despliegue en campo del personal del Instituto debe ser acompañado por las instancias de seguridad para el éxito del proceso electoral.
“El acompañamiento de las instancias de seguridad es fundamental y este esquema de colaboración debe replicarse a nivel local”, apuntó la consejera presidenta del INE.
Al respecto, Reyes Rodríguez, quien recientemente presentó su renuncia magistrado presidente del TEPJF, vislumbró dos escenarios a los que se debe poner atención el próximo año:
Uno, el descontento democrático y la polarización afectiva que propagan la división social como un polvorín y, dos, la presencia del crimen organizado, que desafortunadamente dice, ha permeado en todos los rincones de la vida cotidiana.
Como muestra de lo señalado por Rodríguez Mondragón, Marco Baños, exconsejero del INE, pone de ejemplo las elecciones de 2021 en Tamaulipas, en las que la coalición Va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD; entregó al Tribunal Electoral un conjunto de pruebas e indicios sobre la vinculación entre el partido Morena y su candidato Américo Villarreal, con el crimen organizado.
Aclaró que si bien el TEPJF validó el triunfo de Villarreal, al no encontrar elementos suficientes para usarse como pruebas para anular la elección estatal, el llamado “juico madre”, prendió las alertas para evitar la injerencia del crimen en una contienda federal o local.
A su vez, Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE, solicitó al Instituto aprobar un protocolo de actuación para enfrentar los casos de violencia e inseguridad en el 2024, tal y como el Tribunal Electoral le ordenó al árbitro electoral.
El punto de acuerdo fue rechazado, pero el Instituto acordó emitir un reporte mensual sobre los avances en las mesas de seguridad que se realizan en cada entidad y a nivel federal, para blindar las elecciones de 2024 y evitar r actos violentos como los registrados en el 2021.
Reto, evitar presencia del crimen en el 2024
El magistrado Reyes Rodríguez consideró que de cara al 2024, el Tribunal tiene que responder al descontento democrático y la polarización que propagan la división social como un polvorín de cara al 2024
Ello, en un contexto donde, dice, el 52% de los mexicanos considera que el país está dividido y el 65% señala poco probable que las divisiones puedan superarse, según la encuesta 2022 sobre el Índice de Desarrollo Democrático.
“A estos escenarios el Tribunal Electoral tiene que responder con certeza, legalidad, independencia y parcialidad, pero, sobre todo, buscando que nuestras decisiones contribuyan a la construcción de paz”, resaltó.
Un segundo reto para el próximo año es la presencia del crimen organizado, en donde aclara que el Tribunal “hizo su parte” tanto en 2021 como en 2022 al identificar mecanismos probatorios útiles que apoyen a combatir este comportamiento antidemocrático.
Rodríguez Mondragón destacó la importancia de que se hayan emitido algunas medidas preventivas en torno a este fenómeno delictivo.
Elecciones y crimen organizado
Marco Baños retomó el caso de Tamaulipas y el de Michoacán; en el primero destaca que el ahora gobernador Américo Villarreal fue acusado de recibir dinero de Sergio Carmona, quien era conocido como el “Rey del huachicol”, acusado de introducir pipas de gasolina de Estados Unidos a México, sin pagar impuestos y quien fuera asesinado en noviembre del 2021, en San Pedro Garza García.
Además, señaló el caso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, también postulado por Morena en Michoacán, cuyo triunfo fue ratificado por el Tribunal Electoral; señala que en ese caso se comprobó la intervención del crimen organizado en cuatro municipios del estado, pero eso no fue insuficiente para anular la elección, dado que no se trató de una situación generalizada.
“Tenemos indicios claros que están acreditados en el expediente de la elección de Ramírez Bedolla, el gobernador de Michoacán, y de Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas, de cómo el crimen organizado financia campañas en los estados”, comenta el experto en temas electorales.
Tras conocer el fallo del Tribunal, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, consideró que se trató de un “duro golpe a la democracia”.
“Se permitió que los delincuentes hayan aprendido a robarse las elecciones, violando la libertad ciudadana y atentando contra los principios de la democracia”, expuso.
Baños asegura que el INE tiene facultades para establecer protocolos de seguridad para candidatos, las instalaciones del día y durante el desarrollo de la jornada electoral, pero en general la política de seguridad depende de las autoridades federales, estatales y municipales.
“El INE lo que hace es establecer un protocolo y el protocolo establece que un candidato tenga seguridad tiene primero que pedírselo al INE. El INE se lo manda a la Segob y ésta es la que se encarga de revisar las condiciones de cada candidato o candidata que haya solicitado y decidir qué tipo de seguridad le ponen”, añadió.
Alude al caso de la candidata de Movimiento Ciudadano, Alma Rosa Barragán Santiago, quien contendía por la presidencia municipal de Moroleón, asesinada en mayo del 2021 durante un acto de campaña.
“(la presencia del crimen organizado) sí es un problema que puede poner en peligro claramente a las elecciones y concretamente a la integridad física de candidatas y candidatos”, aseguró.
Baños advirtió que el crimen organizado ha permeado “mucho” los aparatos de decisión de los partidos políticos en ámbitos locales, sobre todo en elecciones locales y distritales.
“Y, lamentablemente en algunas campañas de gobernadores hay indicios, concretamente la elección de Ramírez Bedolla, en Michoacán y de Villarreal, en Tamaulipas”, recalcó.
Con información de Expansión Política
MSA
