Además de la violencia que se registrará en el actual proceso electoral, otros riesgos que se deben considerar para este año es el debilitamiento de los contrapesos gubernamentales y el asedio del presidente Andrés Manuel López Obrador contra las autoridades electorales.
Integralia Consultores presentó un informe en el cual enlista cuáles son los 10 riesgos políticos para el 2024, entre los que destacan la captura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la aprobación de reformas constitucionales que afecten los pesos y contrapesos en el poder.
“El clima de polarización política, la coincidencia de elecciones en México y Estados Unidos; las acciones que AMLO emprenderá para consolidar su proyecto político y asegurar su legado hacen de 2024 un año de riesgo político alto”, expuso.
¿Cuáles son las rutas para que la 4T captura a la SCJN?
La empresa consultora señaló que en caso de que Morena gane la elección presidencial se podría consolidar la captura del Máximo Tribunal del país por parte del Ejecutivo; ya que, tras la salida de Luisa María Aguiar de su encargo, en noviembre próximo, se podría elegir un perfil de una ministra o ministro fiel políticamente y defensor de los intereses del gobierno.
“Ese nuevo nombramiento significaría la formación de un bloque de cuatro ministros afines a la coalición gobernante, suficiente para rechazar los dos principales medios de control jurisdiccional con que cuentan la oposición y otros actores para impugnar normas generales expedidas por el Congreso”, alertó.
Además, se mencionó que otra ruta que podría debilitar a la SCJN es mediante la realización del conocido como “Plan C” que, en caso de que Morena y aliados obtengan la mayoría calificada en las cámaras que integran el Congreso de la Unión, permitiría a López Obrador promover que los jueces, magistrados y ministros sean electos mediante el voto popular.
En otro punto, Integralia destacó que si la alianza oficialista obtiene la mayoría calificada en el Congreso de la Unión se podría aprobar reformas constitucionales que afectarían los pesos y contrapesos, como una modificación para cambiar la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), una reforma energética, la eliminación del órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Sin embargo, la empresa detalló que, si bien es altamente probable que Morena sea el partido más votado en 2024, es menos probable que se repita el fenómeno que ocurrió en los comicios de 2018, incluso teniendo como antecedente las elecciones de 2021, en las que el partido gobernante perdió curules.
La lista de los 10 riesgos para México este año
1.- En caso de una victoria electoral de Morena, se consolida la captura de la SCJN parte del Ejecutivo, a través del nombramiento de otro ministro afín o por medio de una reforma constitucional.
2.- Si se obtiene mayoría calificada en Congreso, se aprueban reformas constitucionales que afectan significativamente el entorno de negocios y el sistema de pesos y contrapesos: reforma electoral que modifica la estructura del INE y la forma de elegir al cuerpo directivo mediante voto popular, reforma para eliminar al INAI, reforma energética, entre otras.
3.- Grupos criminales aprovechan la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados locales: a corto plazo, esto aumenta la violencia política; a mediano plazo, fortalece su autoridad a nivel territorial, dejando vulnerables a las comunidades y organizaciones frente a delitos como extorsiones, cobro de piso o robos.
4.- Se acentúa el proceso de militarización, ya sea porque López Obrador consigue la mayoría calificada para adscribir a la Guardia Nacional en la Sedena, y/o porque el nuevo gobierno decide (o se ve forzado a) continuar la política de AMLO respecto a las Fuerzas Armadas.
5.- Un triunfo electoral de Donald Trump deteriora la relación bilateral con Estados Unidos y coloca a México en una posición de vulnerabilidad (amenazas con aranceles, constantes ataques reputacionales, agravamiento de la crisis migratoria y presiones en materia de seguridad).
6.- El Congreso aprueba reformas y leyes “sorpresivas” que afectan el clima de negocios, como, por ejemplo, modificaciones al marco laboral, al aparato administrativo del Estado o al otorgamiento de concesiones, sin prever un período de transición y adaptación para el sector privado.
7.- Se gestan conflictos poselectorales (nacional y/o locales) alimentados por campañas polarizantes; por el intervencionismo del gobierno; por una violación abierta, continua y simulada de las reglas; por un arbitraje político inoportuno o débil; por ineficacia operativa de los organismos electorales locales; y por resultados cerrados que propician nerviosismo en los mercados y arrastran a la nueva administración al mismo clima de polarización de la administración saliente.
8.- El primer presupuesto del nuevo gobierno incumple con las metas fiscales previstas por la administración saliente: no lleva a cabo el ajuste fiscal necesario para retornar a la senda anticipada de déficit, poniendo en alerta a las calificadoras y mercados.
9.- Aumentan la corrupción, los manejos administrativos opacos e inusuales con fines electorales y la falta de sanción de estos casos tanto en el gobierno federal como en los gobiernos locales.
10.- Tras un posible resultado electoral desfavorable, crecen las tensiones y las divisiones en los partidos de oposición, lo que contribuye a que el nuevo gobierno opere en un entorno de contrapesos débiles.
Con información de Diario de Yucatán y El Economista
MSA
