Esto es lo que se sabe de la demanda contra empresas por el Tren Maya

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El megaproyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya, enfrenta un nuevo recurso legal. Se trata de una demanda promovida por la ONRE, una organización civil, que acusa a cinco empresas de violar la ley y de daños al medio ambiente.

La demanda, ya aceptada a trámite desde el 13 de mayo por el juez federal Luis Alberto Ibarra Navarrete, exige a las constructoras el pago de 27 mil millones de dólares en concepto de reparación de todos los daños ecológicos. 

¿Quiénes fueron demandados?

Grupo México, la compañía española Acciona y tres razones sociales de la constructora ICA.

Aceptan demanda colectiva contra cinco constructoras del Tren Maya

¿Por qué fueron demandados?

Además de los daños ecológicos ya ocasionados por tala y desmonte, la ONRE también está demandando a estas compañías por la realización de las obras sin tener todos los permisos ambientales, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), y sin tener tampoco los permisos en materia de “impacto urbano”.

La demanda por falta de estudios y permisos se concentra principalmente en las obras de los tramos 4 y 5 del Tren Maya.

¿Por qué no demandan al Gobierno? 

Un integrante de ONRE explicó que, aunque las compañías estén trabajando con la anuencia de las autoridades federales, éstas lo están haciendo sin contar con los permisos ambientales que exige la ley, como la MIA en el Tramo 5 del Tren, situación que fue incluso reconocida por la autoridad en la conferencia mañanera del pasado 2 de mayo.

“Vamos sobre los autores materiales directos, sobre quienes están tirando los árboles. Las constructoras son las responsables del ecocidio”, apuntó el abogado.

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¿Y el decreto presidencial?

Se le preguntó a la organización civil si el decreto para obras prioritarias —a partir del cual se busca agilizar construcciones de interés nacional, como el Tren Maya— emitido por la administración de López Obrador no facultaría a las cinco compañías demandadas para construir sin todos los permisos ambientales.

En respuesta, Guerrero dijo que “un decreto no puede estar por encima de las normas ambientales, que son de interés público y de observancia general, ni puede estar por encima de la ciudadanía” y del derecho a un medio ambiente sano.

 

Con información de Animal Político

 

 

AIS