Un juez federal aceptó una demanda colectiva interpuesta por una organización civil en contra de cinco constructoras del Tren Maya, a las que reclama por iniciar las obras del Tramo 5 sin contar con todos los permisos ambientales que exige la ley.
La demanda fue interpuesta por la Organización Nacional de Responsabilidad Civil del Estado Mexicano (ONRE), e implica directamente a Grupo México, la empresa que preside el magnate Germán Larrea Mota Velazco; a la trasnacional española Acciona; y contra tres razones sociales de la constructora ICA, que preside Bernardo Quintana, a las que se les pide 572 mil 147 millones de pesos para reparar el daño.
La demanda fue admitida el pasado 13 de mayo por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil, en la Ciudad de México, bajo el concepto de acción colectiva de tipo difusa y reclama daños iniciales por 26 mil millones de dólares, como cuantificación inicial por daños ambientales.
De acuerdo con Jesús Alberto Guerrero Rojas, presidente de la ONRE, la cifra es la estimación primaria para la reparación, reintegración, remediación y reposición de los daños ecológicos y sus servicios ambientales.
“Si el juez ve acreditada que no tengan permisos, la ley obliga a suspender todos los actos de ese desarrollo”, declaró Guerrero Rojas.
La documentación presentada expone “la devastación total de selva media y alta subperennifolia, subcaducifolia”, así como la amenaza de especies protegidas de la región, como el jaguar.
“Que sean constructoras poderosas no nos inhibe; al contrario, nos estimula. Y nuestro mensaje en esta demanda es claro: sin Manifestación de Impacto Ambiental y sin todos los permisos, no hay obra. Y si no saben el impacto ecológico que tendrán las obras del tren en cuevas y cenotes, tampoco puede haber obras”, dijo.
Guerrero Rojas explicó que para presentar la demanda 60 científicos elaboraron un expediente de más de 300 fojas, en el que se denuncia que más de 240 hectáreas de obras del Tren Maya ya provocaron “una devastación total de selva media y alta, que está en excelente estado de salud”.
“Vamos a detener a las empresas porque ellas están cobrando, aquí es una demanda de la organización contra las empresas, las cinco personas morales, es un juicio de reparación de daño, nada qué ver con el Gobierno”, aseguró.
La demanda colectiva contempla la posible suspensión de toda la construcción.
La ONRE es una asociación civil especializada en la representación colectiva de afectados por políticas públicas o acciones gubernamentales y privadas que, en este caso, representa a varios colectivos de ciudadanos, ambientalistas y habitantes de la región.
Alberto Guerrero, director general de @ONREmx, informa que un juez federal admitió una demanda colectiva, presentada contra cinco empresas, por posible daño ambiental debido a las obras del #TrenMaya.
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— Animal Político (@Pajaropolitico) May 17, 2022
Con información de Animal Político y Oro Noticias
MSA
