Abogados constitucionalistas criticaron el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador con el cual busca que la Guardia Nacional (GN) dependa directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Cabe recordar que en su conferencia matutina de ayer, el mandatario tabasqueño explicó que con esta decisión busca que la corporación de seguridad que fue creada en 2019 “no se eche a perder” como sucedió con la Policía Federal (PF).
“Ya por acuerdo de la presidencia, la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, pasa completa a la Secretaría de la Defensa. La cuestión operativa ya está a cargo de la Sedena (…) Va una iniciativa a la reforma constitucional, pero vamos a buscar la forma de que lo podamos hacer en lo administrativo, por si no pasa de todas maneras va a quedar así”, expresó.
Decreto de AMLO contraviene a la Constitución
Ante ello, especialistas aseguraron que este “decretazo” era inconstitucional, debido a que legalmente debe pasar por el Poder Legislativo, por lo que cualquier acción previa es nula de derecho.
Durante una entrevista otorgada al portal La Razón, Francisco Burgoa de la UNAM aseguró que un decreto presidencial, como el que anunció AMLO, no puede ir en contra de la Constitución, porque el artículo 21 señala que la GN tendrá un carácter civil, pero trasladarla al Ejército implica que eso se viole.
“Sería ilógico que la Sedena tenga un órgano civil bajo un mando militar. Si el Presidente de la República insiste en publicar este acuerdo o decreto, indudablemente sería contrario a la propia Constitución y debería ser impugnado de manera inmediata, a través de un amparo indirecto ante un juez de distrito”, explicó.
En ese sentido, señaló que el paso siguiente es presentar una controversia constitucional una vez que llegue el tema hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues se invade la esfera de la competencia del Ejecutivo, ya que si se quiere pasar a la Guardia Nacional a la Sedena “indudablemente se tiene que hacer bajo una reforma constitucional”.
Militarizar las instituciones de seguridad pública nunca ha dado buenos resultados
Por su parte, el abogado José Fernández de Cevallos comentó que la Constitución tiene una manera de modificarse que se llama “rígida” pues es estricta, por ello para que se cambie se necesitan las dos terceras partes del Congreso de la Unión, más la mayoría de las legislaturas de los estados, porque el artículo 21 señala que las instituciones de seguridad pública, incluyendo a la Guardia Nacional, son civiles.
“Pretender modificar la Constitución por decreto es imposible. En nuestro sistema jurídico ese decreto se vuelve inconstitucional y por lo tanto no tiene ninguna aplicación. Si el titular del Ejecutivo dicta ese decreto y se publica, la acción inmediata es atacar la inconstitucionalidad y la Corte debe resolverlo”, indicó.
Asimismo, mencionó que legalmente se viola la Constitución con ese mismo decreto, ya que los estatutos de la GN obligan que sea civil.
Ante ello, dijo que lo que se ve es una mentir en su creación -pues se sabía que se iba a pasar a las Fuerzas Armadas-, así como que alistaban una reforma para ello.
“Se necesitan dos terceras partes del Congreso y la mayoría de las Legislaturas estatales, mientras en eso tenga eso, todo lo que se diga es nulo de derecho. Antes de que decrete algo el Presidente debe pasar por el Legislativo, antes no se puede. Militarizar las instituciones de seguridad pública nunca ha dado buenos resultados, por ello organismos nacionales y extranjeros han saltado y advertido de posibles problemas en su función”, agregó.
Por último, dijo que en las detenciones se han violado de manera flagrante los derechos humanos de las personas y la mayoría vienen de las Fuerzas Armadas, por eso es grave seguir por esa línea.
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El abogado constitucionalista Javier Martín Reyes comentó que este acuerdo de AMLO “es abiertamente inconstitucional”, pues recordó que el artículo 21 de la Constitución establece que la GN es “de carácter civil” y que está adscrita a la Secretaría de Seguridad (SSPC), por lo que pasarla mediante un decreto a la Sedena violaría la Carta Magna.
Apuntó que lo establecido en ese artículo 21 es, precisamente, resultado de una reforma que propuso Morena, y que fue votada y aprobada en 2019 por los legisladores para el nacimiento de la Guardia Nacional.
“Por ello, el anuncio del presidente López Obrador lo que muestra es que no está dispuesto a respetar los diseños constitucionales que su propia mayoría parlamentaria ha aprobado. Es decir, es una reforma del lopezobradorismo… que el lopezobradorismo no está dispuesto a respetar”, subayó.
Para el experto constitucionalista, el anuncio debería encontrar una respuesta inmediata del Poder Judicial, como “contrapeso” y “garante” de la Constitución.
Sin embargo, “el gran problema es el tiempo que el Poder Judicial tarda en resolver estos asuntos”.
Sobre esto, Martín Reyes indicó que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no ha resuelto atraer la discusión sobre el acuerdo del 11 de mayo de 2020 en el que el presidente ordenó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el fin de su sexenio, en 2024.
Este acuerdo fue impugnado por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, también por considerarlo inconstitucional, pero a más de dos años continúa sin discutirse en la Corte.
“El presidente ya aprendió a jugar con los muy convenientes tiempos de la Corte y sabe que un decreto así, aunque sea abiertamente inconstitucional, puede pasar con tan solo esperar a que los ministros se tomen su tiempo. Porque si se están tardando dos años con el anterior decreto militarista, quién dice que ahora no se van a tardar otros dos años con este acuerdo”, planteó.
Ejército tiene una larga tradición de falta de rendición de cuentas
Bernardo León, asesor en temas de seguridad pública a policías, coincide con Martín Reyes en que la idea del presidente es inconstitucional, aunque matiza que habría “otras maneras” para que la Guardia Nacional pase a ser completamente militar, como quiere López Obrador.
“Lo que podría hacer el presidente es cambiar el nombre a la Guardia Nacional y que el 80% de sus elementos, que sabemos que son militares, regrese a la Sedena, y luego, con base en el transitorio (que establece el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024), que utilice a esos elementos hasta que termine su sexenio”, expone.
Y agregó: “En realidad, el presidente no tendría por qué traspasar la Guardia Nacional a la Sedena. Podría regresar a todos los militares que están en la Guardia a la Sedena a hacer labores de seguridad pública, porque eso sí sería legal. No hacerlo sería violar la Constitución”.
En cuanto a qué tan idóneo es que militares realicen labores de seguridad pública, León recordó que en múltiples países de Europa, como España, Francia o Italia, esto es una práctica común, y los resultados en materia de seguridad en esos países son positivos.
Sin embargo, en el caso de México, subrayó, “el problema es que el Ejército tiene una larga tradición de falta de rendición de cuentas”.
Otro problema, apunta, es que la Guardia está planteada “como una policía municipalota”.
“Nació planteada como una policía que tiene todos los mismos problemas que el resto de policías mexicanas, y es que no tiene facultades para investigar delitos. Por eso, lo único que hace es patrullar ciudades como policías municipales y, en cambio, las fiscalías que sí tienen facultades para investigar tienen muy poco presupuesto y están en muy malas condiciones”, agregó.
Con información de La Razón y Animal Político
MSA
