El Senado de la República aprobó el pasado 22 de abril las reformas que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Ley de Hidrocarburos con la cual pretende fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Esta iniciativa ha sido muy criticada por especialistas ya que ello es “un acto de expropiación directa”, para ello señalan que el Gobierno Federal, por medio de la paraestatal mexicana podrá hacerse cargo del manejo de instalaciones de empresas privadas a las que les fuesen revocados sus permisos.
Asimismo, faculta a la Secretaría de Energía (Sener) para que pueda suspender, de manera temporal, los permisos de manejo, almacenamiento, transporte y distribución de petrolíferos e hidrocarburos ante “un peligro inminente” a la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional.
A estos señalamientos, se suman las críticas por parte de organizaciones internacionales, por ejemplo, la Cámara Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés) denunció que dentro de esta reforma hay “medidas violatorias de derechos” al justificar que la administración del mandatario tabasqueño puede tomar el control de instalaciones privadas bajo el pretexto de “seguridad o interés nacional”.
“Resulta preocupante que, en caso de que la autoridad suspenda estos permisos, la operación de la infraestructura podría quedar a cargo de Pemex o de las empresas productivas del Estado”, expone.
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Por otro lado, las 600 empresas que integran la American Petroleum Institute (API),envió una carta a las Secretarías de Estado, Energía y Comercio de los Estados Unidos para pedir que interceda ante México para que respete a las empresas privadas dentro del sector energético.
En la misiva, la organización encabezada por Mike Sommers, rechazó esta reforma a la Ley de Hidrocarburos de AMLO al denunciar que discrimina a los inversionistas estadounidenses.
En ese sentido, acusó que con esta reforma se está violando el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Desafortunadamente, hemos visto esfuerzos continuos de la administración del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para socavar el acuerdo el acuerdo y discriminar contra inversionistas de Estados Unidos en violación a los compromisos de México”, expresaron.
Con información de Diario de México y El Sol de México
MSA
