“¡Fue el Estado!”.
El anterior estribillo fue uno de los gritos de batalla preferidos –durante décadas–, por aquel formidable líder opositor llamado López Obrador.
No había tragedia, fracaso o crimen que Obrador no le acreditara “al Estado”, concebido de forma maniquea como el gobierno federal, tanto en manos del PRI como del PAN.
Más aún, el maniqueísmo del opositor López llegó a tal grado que desde las plazas y pueblos apuntaba directamente a la cabeza del Estado mexicano, al presidente en turno, como presunto culpable de todos los males, reales o imaginarios.
Lo ridículo del caso es que hoy, cuando AMLO es el presidente de los mexicanos, el propio mandatario sigue culpando a los gobiernos anteriores, del PRI y del PAN, de todas las fallas, los errores y los horrores que asoman en su gestión.
Sin embargo, el mismo estribillo que hizo historia y que engañó a muchos ciudadanos incautos hoy le aplica “como anillo al dedo”, a López Obrador.
Nos referimos a la persecución de Estado que desde Palacio, en cadena nacional de radio y televisión, de lunes a viernes y a los ojos de todos lleva a cabo el jefe del Estado y del gobierno mexicanos contra los periodistas y los medios independientes y críticos.
Y es que los medios y los periodistas críticos del gobierno federal y del partido Morena son “los clientes preferidos” del señor López, en sus 44 meses y 19 días de “mañaneras” desde Palacio.
No hay tema, persona, fenómeno político o social que haya acaparado tantas menciones como la difamación, la calumnia, el insulto y las amenazas a periodistas, críticos y medios, lanzados por Obrador.
No es casual, por tanto, que en la gestión de AMLO se hayan cometido por lo menos 63 crímenes contra periodistas; se haya amenazado de muerte a tantos informadores y, sobre todo, México se haya convertido en el país más peligroso para el desempeño del periodismo.
Y tampoco es casualidad que las mayores agresiones contra periodistas y medios provengan del propio presidente de los mexicanos, quien las profiere desde la cadena nacional de radio y televisión de las mañanas.
Por eso obliga la pregunta.
¿Qué significa que el hombre más poderoso de México, el que dispone de todas las instituciones del Estado y de todos los recursos públicos, sea el principal atacante verbal de los periodistas, los críticos y los medios?
La respuesta la conocen todos.
Lo cierto es que el presidente mexicano “pone” a los periodistas, a los críticos y a los medios a merced de los criminales, de las “jaurías babeantes” de redes, de los matarifes y sicarios del crimen organizado y los convierte en blanco del odio social.
Y es que todo aquel periodista, intelectual, crítico y medio que es satanizado desde Palacio, por López Obrador, de inmediato se convierte en víctima de “los matones” de las redes sociales y en blanco de calumnias, amenazas de muerte y difamaciones, en una suerte de “festín de odio”.
En efecto, hoy podemos decir que el Estado mexicano es el principal atacante de los periodistas y los medios.
Y como nunca, hoy cobra naturalidad el estribillo de que “fue el Estado” o “es el Estado” el mayor responsable de la represión oficial contra los informadores y contra las empresas independientes difusoras de noticias.
Pero si aún tienen duda de que “es el Estado” el mayor agresor de los periodistas y los medios, basta revisar el más reciente Informe de Artículo 19 sobre Agresiones Contra la Prensa en México.
Dice el estudio que en el primer semestre del 2024 se reportaron un total de 331 agresiones a medios y/o periodistas, de las cuales 105 fueron de manera digital.
De ese total, 23 agresiones salieron del gobierno federal, en tanto que 44 fueron producto de gobiernos municipales y 61 de gobiernos estatales.
Eso quiere decir que en México es agredido un periodista o un medio, cada 14 horas y que el mayor número de agresiones se producen en la capital del país, con 49 casos en el primer semestre del 2022; 30 agresiones en el estado de Yucatán, 30 en Michoacán, 21 en Tamaulipas, 20 en Chiapas y 17 en los estados de Guerrero y Veracruz.
Además, el estudio revela que 128 agresiones surgieron de instituciones del Estado mexicano; 75 de funcionarios públicos; 45 de fuerzas de seguridad civiles y 8 de Fuerzas Armadas. Es decir, que 256 agresiones, de un total de 331 registradas entre enero y julio del 2022, las cometieron personas vinculadas con las instituciones del Estado.
Sí, el Estado aparece –según los números fríos–, como el mayor agresor de los periodistas, los críticos y los medios en México.
A su vez, los particulares no vinculados con el Estado cometieron 68 agresiones a periodistas o medios; 30 agresiones salieron de grupos de crimen organizado; 17 de partidos políticos y 88 sin determinar.
El análisis de Artículo 19 también tipifica las coberturas periodísticas de mayor riesgo y el primer lugar lo ocupa la cobertura política y de corrupción, le sigue seguridad y justicia, derechos humanos, protestas y movimientos sociales, tierra y territorio y al final, aparece el sector privado.
Y los directores de medios son los más agredidos, seguidos por los reporteros, los freelancer, corresponsales y locutores.
Queda claro, según los datos duros, que en el gobierno de López Obrador, el Estado mexicano es el mayor agresor de los periodistas y los medios.
Sí, “¡es el Estado!”.
Al tiempo.
