El 21 de septiembre del 2010, el Palacio Legislativo de San Lázaro amaneció rodeado de elementos de la Policía Federal de uniforme y de civil, que revisaban minuciosamente todos los vehículos que se dirigían a ese lugar.
La Policía Federal trataba de detener a Julio César Godoy Toscano, diputado federal electo del PRD, que no había podido rendir protesta debido a que pesaba sobre él una orden de aprehensión por delincuencia organizada. La PGR lo acusaba de estar vinculado con ‘La Tuta’, el líder de ‘La Familia Michoacana’.
Entonces, los diputados del PRD, Alejandro Encinas, José Narro Céspedes y Guadalupe Acosta Naranjo, entre otros, maniobraron para meter a Godoy a San Lázaro oculto en una camioneta que no fue revisada por la policía debido a que los perredistas exigieron “respeto a su fuero”.
Julio César Godoy permaneció dos días oculto en las oficinas de Encinas, quien entonces era coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro, y el 23 de septiembre se presentó en el pleno bien bañado y rasurado, en donde le fue tomada la protesta como diputado federal. Godoy ya tenía fuero.
Era un secreto a voces que todo ese operativo para introducir tramposamente a Godoy a San Lázaro y revestirlo de fuero obedeció a la instrucción del entonces “presidente legítimo” Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que el michoacano –hermano del entonces gobernador Leonel Godoy—rindiera protesta a como diera lugar.
Al paso de los días, y ante las evidencias contundentes de que Julio César Godoy estaba involucrado con la delincuencia organizada, Encinas reconoció que había cometido un error y le pidió a Godoy que solicitara licencia y se entregara.
Pero ya era demasiado tarde. Godoy aprovechó el fuero que le facilitaron su “presidente” y sus compañeros de bancada y se dio a la fuga. Para cuando fue desaforado, el 14 de diciembre del 2010, ya nadie sabía en dónde estaba.
Ahora, diez años después, Julio César Godoy reapareció tan campante para tramitar un amparo contra cualquier orden de aprehensión y logró que una jueza le otorgara la suspensión provisional.
La reaparición de Godoy, precisamente cuando López Obrador es ahora sí presidente constitucional de la República, podría ser una mera casualidad, si es que en política existieran las casualidades.
El encubrimiento y la toma de protesta de Julio César Godoy Toscano como diputado federal es uno de los pasajes más vergonzosos en la historia del Congreso mexicano.
Quienes lo introdujeron a escondidas y lo mantuvieron resguardado en la oficina del coordinador parlamentario del PRD hasta que rindiera protesta cometieron varios delitos por los que debieron haber sido sometidos en su momento a proceso penal.
Encinas, Acosta Naranjo, Narro Céspedes y otros cometieron al menos los delitos de encubrimiento y coalición de servidores públicos, tipificados en los artículos 400 y 216 del Código Penal Federal, respectivamente.
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Pero a partir de la fuga del diputado Godoy, la PGR no lo volvió a encontrar y tampoco se tomó la molestia de intentar ejercer acción penal en contra de Encinas y los demás encubridores.
Varios de los principales protagonistas de esta novela negra tienen en la actualidad una actuación relevante dentro de la autodenominada “Cuarta Transformación”.
Alejandro Encinas es subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y encabeza la comisión interinstitucional que busca a los desaparecidos de Ayotzinapa.
José Narro Céspedes es senador –ahora de Morena— y es aspirante a la candidatura de este partido al gobierno de Zacatecas.
Y el que ordenó que se le diera protección política a Godoy, Andrés Manuel López Obrador, ocupa el cargo de Presidente de la República.
OFF THE RECORD
**TRES HORAS DE SUPLICIO
El presidente López Obrador rompió su propio record y ayer le dedicó tres horas a la mañanera.
¿A eso se refería cuando dijo que no visitaría las comunidades devastadas por las inundaciones en Tabasco porque tenía otras cosas qué hacer?
**AVANZA AMPARO A CRISTÓBAL COLÓN
El gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá que justificar ante un juez el retiro de la estatua de Cristóbal Colón del lugar que durante décadas ocupó en Paseo de la Reforma.
Ayer, un juez federal admitió a trámite una demanda de amparo presentada por un ciudadano en contra del retiro de la estatua y fijó para el 23 de febrero del 2021 la audiencia constitucional para definir si le da o no la razón.
En ese lapso, el gobierno de la Ciudad de México tendrá que enviar al juez sus alegatos y justificar su decisión, si es que alguna justificación tiene.
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