EL “DECRETAZO”, VIVITO Y COLEANDO

Mientras el Acuerdo esté vigente no se podrán conceder amparos en contra de violaciones de los derechos humanos relacionadas con las obras

Hay muy poco qué celebrar por la suspensión parcial del Acuerdo publicado el pasado 22 de noviembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación, que declara a todas las obras del gobierno federal como de interés público y de seguridad nacional.

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió al INAI una suspensión provisional del llamado “decretazo”, pero solo en lo que se refiere a la transparencia de la información relacionada con las obras.

El otro aspecto del Acuerdo, el que considera a las obras faraónicas como de interés público y seguridad nacional, no fue suspendido, lo cual es grave, pues dichas obras se podrán seguir construyendo sin esperar a obtener los permisos y licencias correspondientes.

Además, mientras el Acuerdo esté vigente no se podrán conceder amparos del Poder Judicial en contra de violaciones de los derechos humanos relacionadas con las obras, al estar consideradas como de seguridad nacional.

La tibieza del ministro ponente, al suspender solo una parte del Acuerdo Presidencial del 22 de noviembre permitirá que se consolide el golpe del presidente de la República a la vida democrática e institucional de nuestro país.

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El “decretazopermanecerá vigente en esta parte hasta en tanto la SCJN resuelve el fondo de la controversia constitucional presentada por el INAI, lo cual puede llevarse el tiempo suficiente como para que se concluya la construcción del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas.

El presidente se pasará por el arco del triunfo toda la normatividad municipal, estatal y federal para poder continuar con sus proyectos emblemáticos sin preocuparse por obtener autorizaciones de impacto ambiental, licencias del INAH, licencias de construcción y otro tipo de permisos.

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Las obras estrella de López Obrador podrán destruir el medio ambiente, invadir áreas ejidales o comunitarias, afectar la propiedad privada y violar derechos humanos individuales o colectivos sin que nadie pueda hacer nada.

De la resolución emitida ayer por el ministro que concedió la suspensión provisional, se desprende que el “decretazo” en todos sus términos viola la Constitución, pero en todo caso, eso se confirmará hasta que la SCJN resuelva el fondo de la controversia.

El ministro ponente no se atrevió a suspender en su totalidad el “decretazo”. Y para cuando éste sea invalidado por el pleno de la SCJN, quizá ya será demasiado tarde.

OFF THE RECORD

**SALIÓ RESPONDONA

La aspirante a ocupar una plaza en el Consejo de la Judicatura Federal, Celia Maya, afirmó el pasado lunes: “No puede decretarse que algo es de interés público nada más porque lo diga incluso el propio presidente de la República, las cosas tienen que hacerse conforme a la ley, porque vivimos en un estado de derecho”.

Hasta los morenistas están conscientes de lo aberrante del “decretazo”. Pero el ministro ponente de la SCJN no lo vio así.

**¿Y OLGUITA?

En cambio, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, defendió en la tribuna de este órgano legislativo su decisión de no presentar una controversia constitucional en contra del “decretazo”.

Con un galimatías, la ministra en retiro intentó justificar el hecho de haberse inclinado por no molestar al presidente López Obrador.

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