Para nadie es novedad que el gobernador de Veracruz es uno de los mayores lacayos de López Obrador.
Y es que, como también saben, “el pequeño Cuitláhuac García” –como motejan los veracruzanos a su gobernador–, le debe todo a su padre político, el hoy presidente de los mexicanos.
Por eso, tampoco es nuevo –para nadie en Veracruz–, que todo aquello que hace o deja de hacer el mandatario veracruzano es consultado “desde el puerto” con el huésped de Palacio, en Ciudad de México.
Y eso nos lleva a la conclusión de que si tiene pico de ganso, patas de ganso, plumaje de ganso y si grazna como ganso, podemos suponer que el mandatario es “un ganso” veracruzano.
Es decir, un palero del centralismo de López Obrador y un “cuello de ganso” para experimentar en Veracruz –desde el centro–, uno de los más perniciosos crímenes para la democracia mexicana.
¿Y cuál es ese crimen?
Poca cosa, el encarcelamiento de los críticos, los opositores, disidentes y, en general, todos los adversarios políticos del poder en turno.
Y es que, en efecto, el retroceso democrático y el avance autoritario que vive Veracruz –con la prisión y persecución dictatorial del gobernador–, tiene todas las características de un nuevo ensayo golpista de López.
¿Un nuevo “Golpe de Estado”?
Sí, algo así como “El ensayo de un crimen”.
Pero no, no nos referimos a la novela homónima de Rodolfo Usigli, llevada al cine de manera exitosa por Luis Buñuel en el siglo pasado.
En realidad se trata “del ensayo” de un nuevo golpe a la democracia mexicana que, en su versión veracruzana, sería “la nueva dictadura platanera”.
Y es que Cuitláhuac García se ha convertido en un “pequeño dictador” que, en los hechos, convirtió al estado mexicano de Veracruz en remedo de la dictadura nicaragüense.
En otras palabras, resulta que igual que ocurre en la dictadura de Daniel Ortega, en el estado mexicano de Veracruz el “dictadorcito” Cuitláhuac García es capaz de ordenar la prisión para los críticos de su mal gobierno.
Pero además, también ordena cárcel para los disidentes, los opositores y todos aquellos que incomodan al “rey chiquito”.
Y para llevar a cabo su locuaz “dictadura platanera”, el mandatario veracruzano ordenó una reforma al Código Penal que tipifica la crítica, la protesta, la manifestación y todo aquello que moleste el mal gobierno, como “ultraje a la autoridad”
Y con ese pretexto leguleyo –el supuesto ultraje a la autoridad que violenta los más elementales postulados constitucionales–, van a prisión todos los opositores incómodos, los que disienten del “pequeño Cuitláhuac” y hasta los que se atrevan a realizar una manifestación.
Así lo denunció la ONG llamada Resistencia Ciudadana Xalapeña, la que documentó que hasta el momento hay por lo menos 160 personas presas por oponerse o criticar la gestión de Cuitláhuac García.
Y el caso emblema de esa persecución –a causa de la aberración jurídica y constitucional que significa–, es el de la expresidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Yolli García Álvarez; quien lleva más de un año y medio presa, acusada de delitos menores que no ameritan la prisión preventiva oficiosa.
Resulta que cuando Yolli encabezó el Instituto de Acceso a la Información, promovió diversos recursos para combatir la opacidad del gobierno de Cuitláhuac García. En venganza está en prisión.
También están presos Tito Delfín –detenido el 18 de noviembre pasado, cuando preparaba su campaña en pos de la dirigencia estatal del PAN–; Gregorio Gómez Martínez, excandidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán, Veracruz –detenido el 7 de abril–, y Rogelio Franco Catán, diputado federal del PRD, detenido el pasado 13 de marzo.
Igualmente está privado de su libertad Eduardo Mario Casares Sort de Sanz, vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación de Veracruz, detenido el 17 de marzo cuando encabezaba una manifestación frente a la Secretaría de Medio Ambiente estatal.
Y se cometen todas esas atrocidades porque Cuitláhuac García promovió una reforma al Código Penal del estado para incluir el delito de “ultrajes a la autoridad”, mismo que, según Resistencia Ciudadana Xalapeña; es utilizado como herramienta para encarcelar a quienes protestan, critican o se manifiestan contra la fallida gestión de Cuitláhuac García.
Por eso las preguntas.
¿Dónde está el Congreso de la Unión; donde está la Suprema Corte, los partidos, para denunciar y detener “al dictador platanero” Cuitláhuac García, de Veracruz?
¿Quién será capaz de promover un juicio político en su contra, para detener el “ensayo de un crimen” que promueve López Obrador?
Al tiempo.
