Para Ricardo Anaya candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, la venta de una nave industrial en 2016 se ha convirtiendo en un quebradero de cabeza. Debido a que las autoridades investigan el origen del dinero con el que se compró.
La Procuraduría General de la República (PGR), no ha logrado probar ni que el origen del dinero –53 millones de pesos, 2,9 millones de dólares– sea ilícito ni que Anaya se haya beneficiado de él. Sin embargo, una parte de la investigación se centra ahora en esclarecer un inusual movimiento accionarial en la empresa que compró la nave.
El notario Salvador Cosío, que supuestamente fue quien autorizó el cambio accionarial en la compañía, aseguró ante la PGR que no reconocía su firma en unos documentos, por lo que presentó una querella por falsificación.
La Fiscalía mexicana abrió una carpeta de investigación a finales del pasado mes de octubre, poco después de la renuncia de su titular, Raúl Cervantes, una plaza cubierta desde entonces de forma provisional por Alberto Elías Beltrán.
Fuentes oficiales confirmaron al Diario EL PAÍS, que las primeras indagatorias se realizaron a finales de 2016 desde la Secretaría de Hacienda, cuando se conocieron las primeras informaciones sobre la venta de la nave industrial. Entonces, el titular de Hacienda era José Antonio Meade, actual candidato presidencial del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).
