Un banco privado de Suiza inició una investigación por movimientos millonarios inusuales de Emilio Lozoya y su hermana Gilda, desde el 2012. Esta investigación fue informada cinco años después al gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo fue ignorada.
Así lo señaló la Fiscalía General de la República, durante la audiencia inicial del caso Agro Nitrogenados en la que el juez federal vinculó a proceso a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre junio y noviembre de 2012, el banco Latin America Asia Latin Bank, que es una empresa privada en Suiza, habría levantado un reporte por varias operaciones sospechosas que identificaron en las cuentas de una familiar del entonces funcionario público, de acuerdo con información de El Universal.
Estos movimientos estarían relacionados con una empresa llamada Tochos Holding Limited, cuya titular era Gilda Lozoya Austin.
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Sin embargo, fue la investigación del caso Odebrecht la que llevó a las autoridades hacia los datos del banco. Según la FGR, en las indagatorias sobre la constructora brasileña comenzaron a rastrear las finanzas de Lozoya y llegaron a las transferencias que había en Suiza.
Todo inició cuando Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHM), transfirió 3 millones de dólares desde una cuenta en Monclova, Coahuila, a una de Tochos Holding Limited en Ginebra, Suiza, de la cual Emilio era titular desde el 1 de julio de 2003 y hasta 28 de febrero de 2012. Sin embargo después apareció como beneficiaria Gilda Susana Lozoya.
Lo que llamó la atención, dado que en ese momento la hermana de Lozoya era estudiante, y no era apta para ser la representante de esa cuenta por los recursos que se manejaban, pero en lugar de suspender la relación el banco comenzó una investigación exhaustiva”, señalaron.
Sin embargo, no fue sino hasta diciembre de 2018 cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) obtuvo toda la información bancaria que necesitaba y presentó una denuncia formal ante la entonces Procuraduría General de la República contra Emilio y Gilda Lozoya, y Alonso Ancira.
