Durante todo el proceso de organización de la falsa rifa del avión fueron violados diversos ordenamientos legales. Y todo para que a final de cuentas el gobierno federal no lograra su objetivo, que era recuperar el valor de la aeronave que se echa a perder por falta de uso en el Hangar Presidencial.
La truculenta historia de este cochinero se puede resumir de la siguiente manera: el gobierno organizó, a través de la Lotería Nacional, un sorteo de dinero, intentando enganchar a la sociedad con la figura del avión presidencial.
El gobierno presionó a empresarios para que compraran la mayor parte de los ‘cachitos‘; luego se autocompró o se regaló a sí mismo otra parte y al final el mismo gobierno se quedó con 37 de los 100 premios en disputa.
De acuerdo con un irónico pero documentado análisis elaborado por el catedrático de la Universidad Libre de Berlín, Raúl Rojas González, la población solo compró de manera directa el 14.4 por ciento de los billetes, lo que refleja el nulo interés que generó la falsa rifa.
En total, dice el matemático, sólo se vendió el 64.4 por ciento de los ‘cachitos‘ disponibles. De lo vendido, los empresarios –a quienes el presidente hizo manita de puerco— compraron el 45 por ciento; algunos sindicatos adquirieron el 5 por ciento y el resto, como dijimos en el párrafo anterior, fue comprado por ciudadanos en general.
Este 64.4 equivale a tres millones 865 mil 800 ‘cachitos‘ vendidos. Otro millón fue entregado al Insabi para que los repartiera entre los hospitales COVID-19 sin que hasta la fecha se haya aclarado si este instituto pagó por los billetes o si solo le fueron adjudicados.
Por la venta del 64.4 por ciento de los billetes, la Lotenal obtuvo mil 933 millones de pesos, una cantidad inferior a los dos mil millones que debió entregar en 20 premios de 20 millones cada uno, por lo que no cumplió con su objeto legal de generar recursos para la asistencia pública.
Además, de los mil 933 millones de pesos que obtuvo todavía se deben descontar las comisiones que fueron pagadas a los billeteros que vendieron en forma directa, así como el costo de la organización del sorteo.
Pero la baja venta de ‘cachitos‘ también benefició a Lotenal, porque 24 premios cayeron en boletos no vendidos. Otros 13 quedaron en hospitales, lo que significa que el gobierno se quedó con 37 premios de los 100 en disputa.
En su análisis, publicado ayer por El Universal, el catedrático de la Universidad Libre de Berlín sostiene que en toda esta maraña hubo varias violaciones a las leyes mexicanas, aunque no menciona cuáles.
Y en efecto, como dijimos la semana pasada en este espacio, ningún ordenamiento faculta al presidente de la República, ni a ningún servidor público a comprar y luego regalar billetes de la Lotería Nacional.
Si el Insabi pagó por los ‘cachitos’ recibidos, incurrió en desvío de recursos. Si le fueron adjudicados, entonces Lotenal violó su ley orgánica, que establece claramente que los billetes deben ser emitidos exclusivamente para su venta en tres modalidades específicas.
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Y si, como se anunció, Lotenal entrega las ganancias –¿cuáles?– directamente al Insabi, violará nuevamente su propia ley, que establece que los recursos generados por el organismo deben ser reportados, sin etiquetar, a la Tesorería de la Federación.
En cualquier otro país esto ya hubiera generado un escándalo. Pero en el México real de la 4-T, las cosas son diferentes. De entrada, uno de los principales actores de este juego, el ex director de Lotería Nacional, Ernesto Prieto Ortega, fue premiado ayer con el nombramiento de director general del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
Prieto Ortega, quien casi con lágrimas en los ojos comparó la falsa rifa con la expropiación petrolera, llegará a una dependencia que maneja muchos recursos y que es susceptible de que en su operación se cometan actos de corrupción, como los señalados por el hasta ayer titular, Jaime Cárdenas Gracía.
El Instituto de nombre demagógico que antes fue el SAE, maneja bienes como casas, terrenos, vehículos, yates, aeronaves y joyas, y administra empresas intervenidas.
Al parecer, luego de conducir con eficiencia todo el montaje de la falsa rifa del avión, Ernesto Prieto Ortega se sacó el Premio Mayor.
OFF THE RECORD
**QUE NO VAN POR PENSIONES
La diputada de Morena al Congreso de la Ciudad de México, Leticia Esther Varela Martínez, aclaró a este espacio que su iniciativa de Ley del Instituto de Seguridad Social para las Policías y Cuerpos Especializados de Primera Respuesta de la Ciudad de México no busca reducir las pensiones de este personal.
Ante el revuelo que la columna de ayer provocó en redes sociales, la legisladora aseguró que los actuales esquemas de jubilación de policías y bomberos quedarán intactos y que lo que se propone es un beneficio adicional para quien decida alargar sus años de servicio.
La forma en que está redactada la iniciativa lleva a entender lo contrario. La diputada anunció que convocará a foros de discusión para enriquecer su propuesta de tal forma que quede claro que no se tocarán los esquemas de jubilación actuales.
ULTRADERECHA EN LA 4-T
Diversos militantes de Morena se han escandalizado por el hecho de que los promotores de FRENAAA, la organización que mantiene un plantón en Reforma en contra de López Obrador, sean de ultraderecha.
Alguien debería recordarles que un emisario de esa corriente que tanto desprecian habita en las entrañas de la 4-T.
Se trata de Manuel Espino Barrientos, en su momento integrante de la organización ultrasecreta y oscurantista El Yunque.
Espino se acercó a López Obrador desde la campaña del 2018 y obtuvo como recompensa el cargo de titular del Servicio de Protección Federal.
Cómo la ven.
Correo: [email protected]
Twitter:@pepecontreras_m
