Los partidos políticos, en especial los de oposición, le han exigido al Instituto Nacional Electoral (INE) medidas para evitar la infiltración del crimen organizado en el actual proceso electoral.
En respuesta, los consejeros del órgano electoral han señalado que han tenido reuniones con integrantes del gabinete de seguridad para coordinar acciones y garantizar que la jornada electoral del domingo 2 de junio se lleve en condiciones seguras.
Posicionamiento de Guadalupe Taddei, @Presidencia_INE, respecto al Protocolo de Seguridad para Candidaturas durante las #Elecciones2024MX. 🗳️ pic.twitter.com/ofg1m7kgeC
— @INEMexico (@INEMexico) February 8, 2024
En ese sentido, recordaron que presentaron un protocolo para proteger a los candidatos que participen en los comicios de este año.
Sin embargo, le han enfatizado a las fuerzas políticas que no postulen a personas vinculadas con el crimen organizado y de no aceptar financiamiento ilícito.
Citibanamex advierte intervención del crimen organizado en elecciones
“Inferencia del crimen es real, es una es una mafiocracia”
Por su parte, especialistas en temas político-electorales y de seguridad indicaron que las instituciones no cuentan con las herramientas para frenar la injerencia de las bandas criminales en los procesos electorales.
Para ello, recordaron que se tiene documentado como grupos criminales han intervenido en al menos seis procesos electorales.
En ese sentido, indicaron que el problema es que no existen causas penales abiertas por inexistencia de leyes que los propios partidos no han buscado implementar.
“México no tiene anticuerpos legislativos e institucionales para dificultar a la delincuencia organizada penetrar a las campañas. ¡Es barra libre!, como en Nigeria. El tejido político está infiltrado, pero no hay datos de prueba porque no hay leyes que obliguen a buscarlos. Sin eso no hay causas penales y dicen: todo está bien”, alertó Edgardo Buscaglia, experto internacional en política anticrimen.
Antes de estas elecciones 2024, el país ha vivido casi tres años previos de activismo político y en tres semanas arrancará la contienda oficial por más de 20 mil cargos de elección popular.
Sin embargo, expertos en seguridad y crimen refutan lo que los gobiernos de los tres niveles buscan minimizar: que la injerencia de la delincuencia organizada en las elecciones es una realidad.
Para los especialistas, la influencia criminal es real y añeja: parte del financiamiento y la protección y llega hasta el asesinato de aspirantes, precandidatos y candidatos, vía por la que –en los hechos– los grupos del crimen deciden quién compite, quién no y quién gobierna.
“El hecho de que haya asesinatos de actores políticos te indica que existe una delincuencia organizada descontrolada que está ocupando el tejido político”, anotó Buscaglia, quien desde 1995 se ha dedicado a evaluar los sistemas electorales de 118 países para determinar los incentivos que promueven a la delincuencia organizada en elecciones.
Un candidato, expone Buscaglia, puede convertirse en víctima por ser honesto y enfrentar al crimen, pero también porque trabaja con una red criminal y lo asesina el adversario, o la misma red que lo contrató.
“Es un hecho que la delincuencia organizada bendice o maldice a cada una de las candidaturas y determina quién es candidato y quién no, eso es una mafiocracia”, expone.
Magistrados del TEPJF alertan sobre posible injerencia del crimen organizado en elecciones
Por su parte, Sandra Ley, coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, explicó que los asesinatos de personas relacionadas con las elecciones ponen muchas cosas sobre la mesa:
“La forma en que ocurren esos asesinatos de actores políticos demuestra que no se trata de delincuencia común. Las señales de muerte, el tipo de arma, nos dicen que estos sí tienen una relación con el crimen organizado. Más aún, su mayor incidencia en época electoral, señala un objetivo particular de sus perpetradores por incidir en la esfera política”, argumentó.
De 2018 y hasta el más reciente corte, del 3 de febrero de 2024, suman mil 649 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra actores del ámbito político o gubernamental, según la iniciativa “Votar entre Balas. Entendiendo la violencia criminal-electoral en México”.
Ese proyecto de Data Cívica y del Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del Centro de Información y Documentación Económica (CIDE) indica que considerando sólo a las víctimas de ataques, asesinatos, secuestros, amenazas que eran en ese momento o fueron en el pasado precandidatos, candidatos, aspirantes, dirigentes partidistas, legisladores, gobernadores, alcaldes, regidores, sumaron 646 personas.
“Estos ataques no ocurren de manera aislada, sino en las regiones donde la inseguridad y la violencia están a la alza”, remarcó Ley.
“Hay debilidad institucional para detectar y sancionar injerencia del crimen”
Cabe recordar que desde enero pasado, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han alertado sobre una alta probabilidad de que el crimen organizado intervenga en el actual proceso electoral.
Para ello, apuntaron que hay un intento de los grupos delictivos de ejercer algunas maneras de control político en algunas regiones del país.
Al TEPJF le preocupa presencia del crimen organizado en elecciones de 2024
Ante ello, la experta Sandra Ley reconoció que es un reto para votantes, funcionarios de casilla y otros actores “denunciar con total claridad, sin ponerse en mayor riesgo”.
“El TEPJF necesita de cierto tipo de evidencia y fundamentación para poder acreditar la injerencia de grupos armados en una elección dada y así anularla. No siempre tenemos tal evidencia en el sentido que la ley lo requiere, aunque sí existan tales injerencias”, explicó.
Por otro lado, el experto Edgardo Buscaglia indicó que aunque están prohibidas las conductas delictivas –narcotráfico, portación de armas, tala de árboles, amenazas, secuestro– existe una debilidad institucional y legal en México para que específicamente la injerencia criminal en las elecciones sea detectada, denunciada, perseguida y sancionada.
Buscaglia ubicó el problema en que el país no ha querido legislar en la materia, pese a que asumió el compromiso internacional de emitir “16 leyes antimafia” como las de países avanzados.
Así, la falta de pruebas de “narcoelecciones” o de que la delincuencia pone “ganadores” no significa que eso no exista, sólo comprueba que no hay procedimientos obligatorios establecidos en ley que arrojen datos para confirmar o descartar ilícitos y emitir sentencias.
“Es como si no hubiera una ley contra el homicidio, entonces no habría homicidios. Sí los hay, pero sin ley no se denuncia (…) ¡Claro que no hay causas de injerencia del crimen organizado en elecciones, porque no hay ley, no hay datos, ni procedimientos ni obligación para reunirlos!”, apuntó.
Como ejemplo, expuso la reciente investigación la cual reveló que el Cártel de Sinaloa financió la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006.
“El presidente (AMLO) pide pruebas a un periodista que no es fiscal como para tenerlas. Y un fiscal podría pedirle las auditorías del financiamiento de su campaña. Pero como no hay obligación de auditar campañas en México no hay datos. Entonces, no se puede determinar si violaron una ley o no”, expuso..
“Hay un pacto político de impunidad mafiosa”
Para Sandra Ley, la injerencia de la delincuencia organizada en las elecciones ocurre porque ésta ha encontrado sustento en las estructuras del Estado.
“Ha podido expandir las redes de protección que le han sostenido por décadas” y la solución no es fácil: pasa por desmantelar eso que permite al crimen actuar con impunidad.
“No basta proteger candidatos”, como recién acordaron autoridades electorales y de seguridad del país.
En ese sentido, Buscaglia subrayó que el problema es que “el tejido político está totalmente gangrenado en México” y se requiere un pacto entre todos los partidos para crear el marco jurídico que ha ayudado a otros países.
“Hay un problema grave: hay un pacto político de impunidad mafiosa. No de todos los políticos, pero no hay voluntad de avanzar en leyes que les quiten la discrecionalidad a los políticos para recibir dinero dulce, dinero fácil”, dijo
Y añadió:“Y eso beneficia solo a la delincuencia organizada y perjudica a las personas a pie, que siguen siendo masacradas, secuestradas, desaparecidas y asesinadas”.
Con información de Expansión Política
MSA
