Para el columnista Carlos Ramírez, las autoridades universitarias entregaron en comodato el Auditorio Ché Guevara.
Para Ramírez, de 2000 a 2016, dos rectores –cada uno con ocho años en el cargo–, se aventaron la bolita e ignoraron el problema.
Y para el periodista, los habitantes del Ché Guevara tienen bajo su control una red de grupos radicales que, al primer intento de cambio, pueden paralizar la ciudad universitaria y salirse con la suya.
Carlos Ramírez asegura que por más desplegados, manifestaciones y llamados a la negociación, el único camino para recuperar el Ché Guevara es la acción de la autoridad.
En este momento, no existen las condiciones para que los “okupas” abandonen el recinto y tampoco se percibe la presión social suficiente para que estas personas desalojen el auditorio.
Y como resulta elevado el riesgo de que la violencia escale –o de que los okupas regresen a los pocos días–, Ramírez asegura que será necesario reorganizar la Ciudad Universitaria. Es decir, que habrá que revertir los descuidos, las omisiones y el valemadrismo de dos rectorías ausentes e inútiles ante la crisis del Ché Guevara.
Pero hay más.
Ramírez también trajo a cuenta que en estos 16 años, la UNAM se convirtió en un mercado de drogas tolerado por las autoridades universitarias y solapado por los responsables de garantizar la seguridad al interior de CU.
Y paradójicamente, el primero en tolerar a los okupas del Ché Guevara –y de claudicar frente al tráfico de sustancias ilegales–, se llama Juan Ramón de la Fuente; el mismo que encabezó a la UNAM durante ocho años, el mismo que ahora defiende la legalización de la mariguana y el mismo que cree que puede ser candidato presidencial en 2018.
Por si hacía falta otro elemento de ironía, el otro rector que solapó el narcomenudeo en la UNAM fue José Narro, quien hoy despacha en la secretaría de Salud y dice que implementará medidas para reducir el consumo de drogas.
De risa loca.
