A manera de protesta por la imposición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) por parte del Gobierno Federal, varios padres de familia de Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas decidieron unirse para presentar un amparo en el Poder Judicial de la Federación con el único objetivo de que en sus estados permanezca activo el Seguro Popular.
Asesorados por la abogada Andrea Rocha y el senado de Movimiento Ciudadano Samuel García, los preocupados padres acudieron a las autoridades correspondientes para pedir que continúe la gratuidad de los servicios de salud, así como de las cirugías y medicamentos.
Además de las entidades ya mencionadas, el legislador indicó que dicha inconformidad también se extendió al estado de Puebla, lugar en donde varios grupos ya han sido organizados para recaudar firmas a las afueras de hospitales e instituciones especializadas.
“En lo inmediato queremos que se atienda a las personas, ya luego se promoverán acciones para la posible derogación de la creación del Insabi”, detalló García.
Por su parte, la abogada Rocha explicó que por el momento cuenta con 30 amparos por parte de beneficiarios del SP que han sido afectados por su desaparición. Principalmente, comenta la licenciada, se ha perjudicado el tratamiento de pequeños atendidos por el área de oncología.
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“Los amparos se están pidiendo de manera urgente para que los pacientes tengan garantizadas las quimioterapias, abasto de medicamentos, cirugías, trasplantes y demás tratamientos continuos que no se pueden suspender, sobre todo cuando se trata de cáncer”, explicó.
A ellos, se unió el abogado Mauricio Castillo quien desde el estado de Nuevo León logró ingresar varios amparos con el argumento del “derecho a la salud”, principalmente porque se trata de mexicanos que no cuentan con los medios necesarios para costear intervenciones de tercer grado.
