Las elecciones de este año serán las más grandes y complejas de la historia de nuestro país debido al número de cargos públicos que estarán en disputa.
En total, son 2,910 los cargos a renovar, entre los que destacan la Presidencia de la República, 9 gubernaturas estatales y la renovación de la Cámara de Diputados y el Senado de la República; además de que los padrones electorales sumarán 98.4 millones de votantes.
De acuerdo con un informe de la consultora Integralia, no se pueden descartar los riesgos que supone un ambiente electoral, sobre todo a nivel federal, mismos como violaciones reiteradas al marco normativo, injerencia del crimen organizado y agresiones a candidatos, ataques reputacionales a autoridades electorales que provoquen falta de confianza en los resultados y otros riesgos con menor probabilidad de ocurrencia.
Entre los riesgos con una baja probabilidad de ocurrir se encuentran:
1.- Resultados postelectorales que mermen la estabilidad política y los mercados financieros: aquí se resalta que en caso de que Morena pierda la elección presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador podría desconocer los resultados y descalificaría a las autoridades electorales, por lo que se estima que llamaría a la movilización social.
2.- Politización del Ejército: debido al creciente rol en la administración de labores civiles, las fuerzas armadas podrían adquirir un papel de politización y participar activamente en la elección.
3.- Que se ponga en duda la transmisión pacífica del poder político (y la estabilidad política en general): aunque las condiciones políticas y estructurales hacen que este riesgo tenga probabilidad de ocurrencia baja, debido a la pluralidad de fuerzas políticas en la contienda, organización de elecciones periódicas e instituciones sólidas.
Los eventos que tienen una alta probabilidad de suceder son:
1.- Violencia política e injerencia del crimen organizado: “ataques a candidatos o personajes políticamente relevantes en las entidades donde 2 o más grupos delictivos se disputan el control territorial –buscarán sustituir o continuar sustituyendo a las autoridades como agentes reguladores– e injerencia operativa para beneficiar a candidatos aliados cuando la competencia sea cerrada”, señala la investigación de Integralia.
2.- Ataques reputacionales a autoridades electorales provocan falta de confianza en los resultados: las dependencias afectadas pueden ser tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues ya han recibido ataques constantes por parte del jefe del Ejecutivo.
Mientras que el evento de mayor riesgo es:
Violaciones reiteradas al marco normativo: se podrían registrar actos electorales fuera de los tiempos legales, e injerencia de servidores públicos (incluyendo al presidente) en actividades proselitistas y de operación política, así como el uso de recursos públicos para fines clientelares.
“La normativa actual parece haber quedado rebasada por la realidad política”, expone el informe.
A su vez, el columnista Joel Hernández Santiago indicó: “A la violencia política y a la violencia verbal se les suma una amenaza aún más grave y de enorme peligro para todos en México: la violencia extrema con rumbo a las elecciones de 2024”, apuntó el columnista Joel Hernández Santiago.
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El periodista y editor añade que “a la vista de lo ocurrido en elecciones intermedias recientes”, se prevé el incremento de actos de sabotaje político en gran parte del país, en el lapso de precampañas, campañas y elecciones en junio del año próximo. Tanto en estados de la República como en municipios.
Intervención del crimen organizado, otro factor a considerar
Cabe recordar que en 2021, el crimen organizado dejó huella en las elecciones del 6 de junio, cuando equipos enteros de operación política fueron privados de la libertad como en Sonora; a través del financiamiento de campañas en distintas entidades; con amenazas y agresiones -algunas de las cuales culminaron en el asesinato de políticos-, así como con actos de intimidación y coacción de votantes y operadores políticos, los cuales proliferaron sin que el Estado mexicano interviniera para impedirlo.
En el proceso electoral 2020-2021, la consultora Integralia contabilizó 239 incidentes de violencia política que dejaron 179 víctimas mortales, entre quienes se incluye a 36 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular. De éstos, 64% aspiraban ocupar presidencias municipales.
Reportes de la oposición y organizaciones especializadas en el sistema electoral, los comicios del 6 de junio del 2021 pasaron a los registros del país con el carácter de históricos por las estampas que dejó el crimen organizado durante las campañas y la jornada electoral, lo que llevó a hablar a especialistas y políticos de una posible “narcoelección”.
Con información de La Silla Rota
MSA
