Contrario a las mentiras que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, la eliminación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de Federación (PJF) sí afecta a los trabajadores que son beneficiarios de prestaciones, como pensiones, y golpeará los trabajos de mantenimiento e infraestructura de ese poder.
De acuerdo con expertos en materia judicial y legislativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no fungirá como juez y parte si llegase a resolver impugnaciones a la determinación que fue aprobada el pasado martes 17 de octubre, pues quien ejerce el presupuesto en el Poder Judicial es el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
A pesar de que diputados de la oposición aseguraron que un desaseado proceso legislativo podría echar atrás la reforma impulsada por la mayoría en el congreso, los especialistas coincidieron en que sólo juicios de amparo, presentados por los trabajadores afectados, podrían echar para atrás la eliminación de dichos fideicomisos.
Cabe recordar que el pasado 10 de octubre, los diputados de Morena y sus aliados que integran la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en San Lázaro aprobaron una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar 13 fideicomisos, de los que al menos 6 están relacionados con obligaciones de seguridad social, pensiones, salud, retiro y vivienda de los trabajadores del poder judicial.
Siete días después, los legisladores oficialistas usaron su mayoría para aprobar esta embestida contra el Poder Judicial.
¿Por qué los diputados sí pueden eliminar los fideicomisos?
De acuerdo con Gustavo López Montiel, académico de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, la Cámara de Diputados sí tiene la facultad para eliminar fideicomisos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), pues éstos se mantienen de dinero público, cuya distribución depende única y exclusivamente de los diputados federales.
“El hecho es que estos fideicomisos son dinero público y sobre éste, en primera instancia, tiene poder el Congreso. Habría que ver si estas personas, que están beneficiándose a través de los fideicomisos, pueden ampararse”, dijo.
Sobre las acusaciones hechas por diputados de la oposición, sobre si los diputados de Morena, PT y PVEM legislaron de manera errónea o con faltas a la constitución y al reglamento de la Cámara de Diputados, López Montiel aseguró que dichas irregularidades aún no son comprobables, por lo que a acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial podrían no prosperar.
“Una cosa es lo que esta acusando la oposición para, en términos de las deficiencias que hay en el proceso legislativo, contravenir la reforma. Pero parece no haber tantas deficiencias, entonces, me parece que aunque puedan meterse controversias podrían no prosperar, pero sí los amparos que vengan de las personas que demanden el servicio de sus prestaciones y la federación debería garantizarles este servicio, no aplicaría para todos, solo para los amparados”, opinó.
En ese sentido, detalló que sólo a través de amparos presentados por los beneficiarios del dinero generado a través de esos fideicomisos podría avanzar un freno a estos cambios. Aunque cada amparo sólo sería aplicable a un caso particular, y no dejaría sin efectos la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
¿Cómo funciona un fideicomiso?
López Montiel detalló que estos fideicomisos sólo reciben de manera anual un monto asignado que no corresponde con el gasto final que ejecuta el Poder Judicial para los programas y obligaciones patronales que dependen de estos fideicomisos soma pues es a través de los rendimientos que se obtiene ese presupuesto total.
“Normalmente son fideicomisos donde se pone dinero y se deja que ese dinero genere el insumo para poder hacer otra cosa, es una herramienta muy usada por los gobiernos”, dijo.
Y añadió: “Sirven para hacer muchas cosas que el gasto corriente no hace, por ejemplo, sirven para mantener pensiones, programas de mantenimiento, operaciones de actividades que no son anuales, en cambio el gasto corriente hay que estarlo etiquetando a cada rato”.
El costo político para la Corte
Aunque la Corte, de resolver amparos o acciones de inconstitucionalidad sobre la reforma a la ley orgánica del poder judicial, no sería juez y parte del mismo asunto, sí tendría un costo político en el discurso del gobierno.
Pues al resolver en favor de los amparados, sería señalada por supuestamente mantener sus beneficios.
“El costo de que la corte decidiera si quitar los fideicomisos traería un coste político para la corte”, expresaron los expertos.
Para Julio Jiménez, constitucionalista de la universidad la salle, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe afectar a los trabajadores, pues sus derechos laborales y prestaciones están garantizadas en la Ley Federal del Trabajo.
Sin embargo, consideró que el monto acumulado de rendimiento en dichos fideicomisos es un botín de gran interés tanto para el consejo de la judicatura, como para el gobierno del ejecutivo en turno.
“Claro que el poder judicial se va a defender como gato boca arriba iba a argumentar la inconstitucional ya de esta reforma, el abuso de autoridad, la división de poderes y van a querer corregir diputados. Sólo recordemos que es facultad exclusiva de la cámara de diputados y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la ley de ingresos de la federación, y en esa facultad se consagra la decisión de ampliar o reducir el presupuesto y todo lo que significa dinero de los contribuyentes”, apuntó.
Con información de La Silla Rota
MSA
