Una búsqueda seria de la verdad en el caso Ayotzinapa debería pasar por investigar el entorno político de los hechos violentos registrados en Iguala, Cocula y posiblemente otros municipios de Guerrero, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.
Y como parte de esa investigación, la Fiscalía General de la República debería citar a declarar al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue un personaje de relevancia en ese entorno político del que hablamos.
La agresión que hace seis años sufrieron normalistas de Ayotzinapa y otras personas, como los integrantes del equipo de futbol “Los Avispones de Chilpancingo” y particulares, no hubiera ocurrido sin la llegada a la Presidencia Municipal de Iguala de José Luis Abarca Velázquez, en el 2012.
A partir de la gestión de Abarca, el grupo delictivo Guerreros Unidos tomó el control de la región y en los hechos gobernó, por encima de las autoridades institucionales.
Fue este grupo el autor de seis homicidios perpetrados la noche del 26 de septiembre y del secuestro y desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa durante la madrugada del día siguiente.
Como parte de la nueva verdad que prometió la “4-T”, la FGR debe precisar cómo fue que el PRD llevó a José Luis Abarca al cargo de presidente municipal, a pesar de que no contaba con trayectoria política, era superado en las encuestas por otro aspirante y había señalamientos públicos de su presunto vínculo con Guerreros Unidos.
El PRD hizo candidato a Abarca con el apoyo del gobernador Ángel Aguirre Rivero y con el aval de quien en el 2012 era líder moral y candidato presidencial de este partido, Andrés Manuel López Obrador.
Lo que hasta ahora sabemos de esta historia es que Abarca, quien de manera extraña había pasado de vender sombreros y huaraches a ser propietario de grandes empresas, como la Plaza Galería Tamarindos, tuvo como principal promotor a Lázaro Mazón, uno de los guerrerenses más cercanos en su momento a López Obrador.
Tan cercanos eran que López Obrador lo destapó como candidato de Morena –entonces una organización en vías de convertirse en partido político– al gobierno de Guerrero, durante una acto público realizado el nueve de febrero de 2014 en Acapulco.
Fue Lázaro Mazón, alcalde de Iguala en dos ocasiones, quien presentó a José Luis Abarca con los dirigentes de “Los Chuchos”, ante quienes el próspero empresario garantizó ganar la elección. Y, según su propia declaración, también les ofreció dinero por la candidatura.
En mayo del 2012, el candidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador, fue enterado de los señalamientos que existían sobre el posible vínculo de Abarca con el crimen organizado, pero ignoró la alerta y con ello avaló la candidatura de quien ahora está preso en Almoloya.
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Citar a declarar al primer mandatario en funciones no es un tema tabú. En 1997, la PGR citó al presidente Ernesto Zedillo, para que rindiera declaración como parte de las investigaciones por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y entonces la Procuraduría no era autónoma. También rindió declaración el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Tal como se hizo con el caso Colosio, la FGR, que ahora sí se supone que es autónoma, debe investigar el entorno político del caso Ayotzinapa y citar a todos los actores involucrados.
La Fiscalía debe investigar si en el 2010, el entonces senador del PRI, Ángel Aguirre Rivero, entregó a la dirigencia del PRD, encabezada entonces por Jesús Ortega, —el Chucho mayor— algún tipo de pago por hacerlo candidato a gobernador, como han afirmado algunos actores.
Debe determinar cómo fue que Aguirre obtuvo la candidatura a pesar de que había señalamientos de perredistas que lo acusaban de represor y de asesinar opositores al gobierno.
Y debe averiguar si Aguirre en el 2010 y Abarca en el 2012 aportaron recursos para financiar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) creado y encabezado en ese entonces por Andrés Manuel López Obrador.
Sin incluir el entorno político como línea de investigación, cualquier nueva verdad sobre el caso Ayotzinapa quedará mocha.
OFF THE RECORD
**INE: CHAMBA DESOBRA
Los obedientes ciegos de la 4-T pusieron a trabajar de más al INE, que ayer inició el análisis de las firmas con las que se pretende convocar a dos consultas imposibles.
Ambas se refieren a si se debe o no someter a juicio a los ex presidentes de la República.
Los solicitantes deben acreditar haber juntado al menos un millón 821 mil 405 firmas para cada una de las consultas.
Pero aún en el supuesto de que sí las hayan juntado, de nada servirán, pues las consultas serán declaradas inconstitucionales por la Corte.
**MORENA VS MORENA
Morena, el partido en el poder, no necesita adversarios, pues con los de casa tiene.
La presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján, resumió en una frase el nivel que ha adquirido la guerra civil en Morena: “hay una lucha canibalesca”.
La pregunta es quién se va a encargar de levantar los cuerpos y curar a los heridos cuando quede definida la nueva dirigencia nacional.
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