El actual gobierno construye poco a poco la nueva verdad del caso Ayotzinapa, la verdad que quieren escuchar los deudos de los 43 desaparecidos y activistas que los rodean, aunque no necesariamente se base en evidencias.
La consignación penal de militares por su presunta responsabilidad en los hechos de Iguala del 2014 forma parte de esta nueva verdad a modo.
Será muy difícil fincar cargos a los elementos del Ejército que eventualmente sean detenidos en cumplimiento de las órdenes de aprehensión de las que habló el pasado sábado el subsecretario Alejandro Encinas. Pero el señalamiento público nadie se los va a quitar.
En su recomendación 15VG/2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace toda una relatoría del papel que desempeñaron varios elementos del 27 Batallón Militar durante la tarde del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
En todo lo narrado con detalles por la CNDH, no hay conducta alguna que lleve a suponer que alguno de los militares haya estado directamente involucrado con el ataque a balazos y detención de normalistas, algo que hicieron exclusivamente policías municipales.
Quizá, si se asume una posición muy rigurosa, se podría acusar a algunos mandos del delito de omisión, por no ordenar a las tropas intervenir ante los hechos violentos que observaban.
Pero hacerlo implicaría suponer que el Ejército debe intervenir cada vez que en las cercanías de una instalación militar se presentaran conflictos violentos entre la policía y los ciudadanos, para que después los militares no sean acusados de omisión.
En esa lógica, el Ejército debió intervenir el pasado domingo cuando se presentó un enfrentamiento en el centro de la Ciudad de México entre feministas radicales y policías del Agrupamiento Femenil capitalina.
En algo que se parece más a una reivindicación ideológica que una exigencia de justicia, las víctimas de Iguala y organizaciones afines han pedido durante años que se persiga judicialmente a militares. Y el actual gobierno, de la mano de la fiscalía “autónoma”, ya les empezó a cumplir.
La “verdad histórica” creada de manera exprés por la ahora desaparecida PGR durante el gobierno anterior quedó desvirtuada desde que la CNDH, el GIEI y científicos de la UNAM evidenciaron varias incongruencias. Pero una cosa es que esté desvirtuada y otra que se deba eliminar al cien por ciento.
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Una nueva investigación seria debería partir de todas las actuaciones anteriores para rescatar y darle continuidad a lo que sí esté debidamente fundamentado de la “verdad histórica”, sin menoscabo de abrir nuevas líneas de investigación.
Pero resulta más rentable políticamente desechar todo lo realizado por la extinta PGR, perseguir a varios ex servidores públicos de esa dependencia que posiblemente hicieron mal su trabajo y ofrecer a los principales afectados una nueva verdad.
Lo que no sabemos es qué va a hacer el actual gobierno cuando tenga que presentar conclusiones finales y la nueva verdad que están construyendo tampoco les guste a los padres de los 43 y a quienes se han dedicado a lucrar políticamente con la tragedia.
Porque una cosa es segura: a ellos ninguna verdad les va a gustar.
OFF THE RECORD
**AHÍ ESTÁN LOS GRANADEROS
Como lo destacó La Otra Opinión en una nota publicada ayer, los granaderos de la policía capitalina se hicieron presentes durante la manifestación de feministas del pasado domingo.
Elementos de este grupo de choque también aparecieron a mitad de la semana pasada para contener en Bellas Artes a la caravana de FRENAAA.
En realidad, los granaderos nunca dejaron de existir.
Su “desaparición” no fue más que un anuncio demagógico de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando tomó posesión.
**GUERRA CIVIL
Mañana se vivirá un nuevo capítulo de la guerra civil que tiene lugar en las filas de Morena.
El INE dará a conocer la lista de 12 finalistas para los cargos de presidente y secretario general del CEN de Morena, lo que implicará el descarte de varias decenas de suspirantes.
La encuesta definitiva tendrá lugar entre el 2 y el 8 de octubre.
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