Centros penitenciarios no son “hoteles de lujo”, responden organizaciones a AMLO

Estas organizaciones acusaron que AMLO busca desviar la atención de los abusos a los derechos humanos que ocurren en estos lugares

Foto: Hablando con Letras

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó ayer que busca cancelar ocho contratos de prestación de servicios en prisiones federales que se otorgaron a empresas privadas durante la administración de Felipe Calderón.

En su conferencia matutina, el mandatario tabasqueño argumentó que dichos contratos eran demasiado caros y representaban lo peor de la privatización al señalar que dejaron “un hoyo millonario” al erario público.

Que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo porque consideramos que es un abuso”, dijo.

Sin embargo, distintas organizaciones sociales manifestaron su rechazo a este posicionamiento de López Obrador al señalar que estos centros penitenciarios no sonhoteles de lujo” ya que se han documentado violaciones a los derechos humanos.

En un comunicado, estas organizaciones acusaron que López Obrador busca desviar la atención de los abusos a los derechos humanos que ocurren en estos lugares.

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Estos mismos centros, como bien lo expusieron activistas, litigantes e incluso el Instituto de Defensoría Pública Federal (IFDP), han incurrido en violaciones de derechos humanos que caen en las peores expresiones de tortura sistemática que existen en el país. El IFDP, de hecho, declaró que “los Ceferesos creados por inversión privada son los peor calificados o los más violentos en el Sistema Penitenciario Federal”, se lee en el documento.

Por otro lado, estas organizaciones lamentaron que durante el actual gobierno se han cerrado cinco de los Centros Federales de Reinserción Social más grandes del país: Islas Marías, Puente Grande, Sureste de Huimanguillo, Norte de Ciudad Juárez y Matamoros.

En ese sentido, indicaron que estos centros se han mantenido al margen de sus capacidades, tanto de cantidad de personas como de servicios prestados, “por lo que se han llevado a cabo más de 3 mil 500 traslados de personas privadas de libertad de diferentes centros del país hacia ellos”.

Estos cierres parecen atender a un foco del que el gobierno federal no ha querido bajar el dedo del renglón: se necesitan ocupar los centros penitenciarios, pues se están pagando extraorbitantes cantidades de dinero público para su operación y uso, cuando hay pocas personas privadas de libertad dentro de ellos”, puntualizaron.

Con información de Latinus y El Economista

MSA