Para Carlos Puente, vocero del Partido Verde, el caso en contra de Arturo Escobar –ahora ex secretario de Prevención y Participación Ciudadana–, es un linchamiento.
Y de acuerdo con Manlio Fabio Beltrones –presidente nacional del PRI–, en ese mismo caso, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales actúa de forma política.
Sin duda, estos dos personajes podrían tener razón.
La ola de cuestionamientos y reclamos en contra de Arturo Escobar tienen mucho de cierto pero también mucho contenido político electoral
No obstante, el asunto va más allá. En entrevista para La Otra Opinión, el Maestro Eduardo Bohórquez –presidente de Transparencia Mexicana–, calificó el caso Escobar como la primera piedra en una Fiscalía que parecía inexistente.
Para Bohórquez, aunque Escobar nunca fue un político popular –o bien visto–, se tiene que privilegiar la presunción de inocencia. Es decir, que más allá de las filias y las fobias políticas, es necesario dejar que las autoridades e instituciones correspondientes determinen la culpabilidad o inocencia de este personaje.
Pero hay más. Según Bohórquez, el caso de Arturo Escobar permite entender por qué muchos creen que nuestros mecanismos de combate a la corrupción no funcionan. O si lo prefiere, que asistimos a la confirmación del vínculo que existe entre los procesos electorales, los actores políticos y los casos de corrupción.
Además, el proceso en contra de Arturo Escobar –a los ojos de Bohórquez–, podría servir como el punto de partida para un nuevo armado institucional. Es decir, para un esquema de impartición de justicia donde la FEPADE sea un contrapeso real, en donde la PGR adquiera la relevancia que no tenía y donde las fiscalías especializadas hagan su trabajo.
En esta lógica, la autoridad está obligada a actuar de forma eficaz pero también equitativa. Y es que, para el experto, las omisiones del Estado son tan graves como las acciones abusivas del mismo.
Ahora bien, así como se debe reconocer cuando las instituciones hacen su trabajo, también es importante señalar los excesos. Por ejemplo, es sabido que el caso de Arturo Escobar se conoció gracias a una filtración. Por eso la pregunta, ¿qué mensaje envía la autoridad al procesar a uno de los suyos y dejar correr la información de manera velada?
Para Eduardo Bohórquez, la transparencia no debe servir como pretexto para aplicar un Estado de Derecho partidizado. Es decir, que el acceso a la información –en forma de filtración–, no se debe usar para alimentar una guerra política en contra de los adversarios o de un grupo de poder.
Cuando la transparencia se usa para afectar a los bandos de oponentes, la acción del Estado deja de ser creíble.
Por todo lo anterior, en opinión de Eduardo Bohórquez, el expediente Escobar tiene el potencial para ser la primera piedra en una fiscalía que parecía inexistente. A partir de ahora, la fiscalía especializada tiene todo para construir una reputación. O si lo prefiere, la oportunidad está en sus manos.
