Si el presidente Andrés Manuel López Obrador piensa que beneficia a las Fuerzas Armadas al responsabilizarlas de tareas que no les corresponden como la construcción de obras, la administración pública y la administración de empresas, se equivoca.
Involucrar a los altos mandos militares en tantas tareas ajenas a su función puede llevar a romper un modelo que ha funcionado durante décadas, en el cual las fuerzas armadas han permanecido en los cuarteles, ajenas a la grilla y pendientes de que no se ponga en riesgo la seguridad nacional, mientras los civiles se dedican a gobernar.
El anuncio del presidente del pasado lunes, en el sentido de ceder al Ejército la administración de un tramo del Tren Maya y de los aeropuertos del sureste, forma parte de una política de involucrar a los militares en diversas áreas del gobierno.
El Ejército está a cargo de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y asumió el control de las aduanas, mientras que la Armada es la administradora y autoridad exclusiva en puertos, recintos portuarios, terminales marinas, instalaciones portuarias y zonas marinas mexicanas.
La Guardia Nacional no es otra cosa que la Policía Militar y la Policía Naval realizando labores policiacas en las calles. El titular del Centro Nacional de Inteligencia es un general en retiro y 18 de las 32 delegaciones del Instituto Nacional de Migración están encabezadas por militares.
El paso que sigue es, como lo anunció el presidente, que mandos del Ejército se encarguen del control y administración de un tramo del Tren Maya y de los aeropuertos del sureste del país.
Pero cuidado: convertir a mandos militares en administradores de empresas conlleva muchos riesgos. Uno de ellos es que se rompería la cadena de mando, como trataremos de explicar enseguida.
Si bien el presidente de la República es el comandante en jefe de las fuerzas armadas, las órdenes no se las da directamente a los soldados u oficiales, sino que se las da al secretario de la Defensa y de ahí la orden va bajando de nivel jerárquico hasta llegar a quien la debe ejecutar. Esa es la cadena de mando.
Si un general o coronel se convierte en director de la empresa administradora del Tren Maya o de cualquier otra empresa, podría recibir instrucciones directamente del presidente de la República, con lo que se rompería la cadena de mando. El titular de la Sedena se vería desplazado en los hechos y perdería autoridad, lo cual es grave en un cuerpo armado.
Otro riesgo es que se romperían los equilibrios dentro de las fuerzas armadas, porque en la estructura de las empresas administradoras habría coroneles y generales que, por el hecho de ser “empresarios” tendrían un estatus distinto y un mayor poder que el que tienen otros oficiales del mismo rango que permanecen en los cuarteles.
Un riesgo adicional es que muchos militares de alto rango se empoderen demasiado, se corrompan y se enriquezcan al administrar las empresas, pues a final de cuentas son seres humanos y el manejo del dinero genera muchas tentaciones.
Varios analistas han comentado que al empoderar tanto a las Fuerzas Armadas, el presidente se ha inspirado en lo que ocurre en países con regímenes autoritarios, como China, Corea del Norte, Nicaragua o Venezuela.
Te puede interesar | A LA MAESTRA CON CARIÑO
Ciertamente, lo que hace el presidente López Obrador parece estar inspirado en el modelo venezolano, creado a partir del Plan Bolívar, puesto en marcha a la llegada al poder de Hugo Chávez, en 1998.
En principio, Chávez ordenó que 40 mil militares se involucraran en tareas como entregar apoyos en zonas marginadas, vacunación masiva, distribución de alimentos y reparación de infraestructura.
Después puso en manos de mandos militares la administración de los puertos y de la muy estratégica compañía petrolera estatal, PDVSA. Luego hizo a otros mandos secretarios de Estado y directores de otras empresas estatales.
A la muerte de Chávez, en 2013, su sucesor, Nicolás Maduro, incrementó todavía más la militarización del gobierno, al grado de que en el 2018, militares gobernaban siete de los 23 estados, encabezaban nueve secretarías de Estado y dirigían al menos 60 empresas estatales y paraestatales.
Este esquema ha producido el surgimiento de una suerte de clases sociales dentro de las Fuerzas Armadas, pues muchos de quienes se involucraron en empresas se han enriquecido de manera ilícita, al grado de que las acusaciones sobre actos de corrupción son de escándalo.
Nicolás Maduro ha permitido los actos de corrupción porque los mandos beneficiados son su único sostén en un entorno en donde su legitimidad dentro y fuera de Venezuela es sumamente frágil.
Nadie desea que nuestro Ejército y nuestra Marina sufran la degradación a que el chavismo llevó a las fuerzas armadas de Venezuela. Pero con su política de involucrarlos en todas las áreas de la vida pública, López Obrador los puede llevar hacia ese lamentable destino.
OFF THE RECORD
**PARIENTES INCÓMODOS
Si hubiera un concurso sobre quién tiene el mayor número de parientes incómodos, lo ganaría César Yáñez, uno de los hombres más cercanos al presidente de la República.
La semana pasada, su esposa, Dulce Silva, armó un escándalo porque Morena designó a Lorena Cuéllar como candidata al gobierno de Tlaxcala.
Y el pasado martes, la hermana de César, la diputada federal Claudia Yáñez, hizo lo propio ante el destape oficial de Indira Vizcaíno como candidata al gobierno de Colima.
¿Qué cara pondrá César cada vez que tiene que ver al presidente?
Sobre todo, porque al parecer, sus dos parientes inconformes tienen razón.
**SE CONFIRMA MEGA ALIANZA
Ayer quedó conformada formalmente la alianza Va por México, integrada por PRI, PAN y PRD, para competir en la elección de diputados federales del próximo año.
La alianza opositora competirá unida en la mitad de los 300 distritos federales.
Malas noticias para los de la otra alianza, que no termina de cuajar.
Correo: [email protected]
Twitter:@pepecontreras_m
