Fueron las Madres buscadoras del colectivo Guerreros buscadores de Jalisco quienes enfrentaron el horror impactante de una tragedia, cientos de zapatos/tenis, mochilas y ropa encontrados, llevaron a descubrir huesos calcinados en Teuchitlán, Jalisco.
El registro y difusión de datos asociados -un trabajo de búsqueda desde el 2009, con datos de 2019- encontró resonancia en redes y medios de comunicación, que provocó una ola de indignación, coraje, impotencia y horror ante una evidente tragedia bárbara.
Gran desconcierto en el imaginario social, descontrol sobre el tema entre legisladores y el gobierno y, el malestar expresado por víctimas y familiares de los desaparecidos, caló en la opinión pública mundial y nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido atender el problema de las desapariciones forzadas, contrario a lo que su predecesor hizo. Este lunes 17 de marzo se dio a conocer la Declaración respecto a personas desaparecidas. Donde asume como prioridad nacional atender la situación de las personas desaparecidas o no localizadas. Y atacar toda impunidad en su entorno, hacer justicia, esto es, que las autoridades y, en particular que las fiscalías y el poder judicial, no sean omisos, que hagan lo que les corresponde.
También el Ejecutivo apoyará a las víctimas y sus familiares, por medio de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que en el pasado fueron denostadas, así como con la participación de la estructura institucional del Gabinete de seguridad pública.
En los próximos días se emitirán leyes y acuerdos para actualizar el delito de desaparición y de secuestro, mejorar los protocolos existentes y establecer una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Este cambio de actitud se da a partir de las expresiones públicas en contra de la violencia, por las manifestaciones de repudio, en mítines y marchas (15 de marzo, más de 20 ciudades), o en redes sociales, contra los hechos trágicos y bárbaros, ocurridos y encontrados por organizaciones de madres buscadoras, en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán , Jalisco.
Los señalamientos de negligencia criminal hacia diversas autoridades, afectaciones de lesa humanidad, genocidio, violencia extrema por reclutamiento de carne de cañón de los cárteles, han contribuido a una crisis social y gubernamental por el impacto de la violencia criminal de la delincuencia organizada, carteles narcoterroristas, por la burla de algunos políticos y legisladores, por mensajes acomedidos como el de la Jornada, o el video del CJNG en donde se pretende desviar o minimizar la bárbara tragedia.
Este cambio gubernamental es un buen indicio de la sensibilidad del poder político, de la recuperación de la existencia de derechos humanos socavados y se realiza en medio de las amenazas interventoras del presidente Trump, sobre el señalamiento de los carteles como organizaciones terroristas.
Esperemos que las medidas que vienen, contribuyan a disminuir el dolor de las víctimas y sus familiares, de la indignación social, que la investigación lleve a la justicia y al descanso de las víctimas y sus familiares. Que no sea un cuento manipulador -Ayotzinapa vuelve- o un distractor, para un fenómeno delincuencial, de gran impacto en la sociedad. Y, desde luego, con secuelas en la relación México y EU.
México requiere saber la verdad, sobre la barbarie cometida en contra de personas, de la sociedad y de la nación.
Hay preguntas sin respuestas precisas, verdaderas, que corroen, ¿quiénes, por qué, para qué?
