Después de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó los aumentos por el servicio que deben pagar las plantas privadas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la transmisión eléctrica, un juez federal respaldó dicha decisión y los costos impuestos por este servicio continuarán.
Fue Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, quien señaló que los aumentos cuentan con objetivos regulatorios que pueden verse “truncados” si se llegase a conceder la suspensión provisional.
El impartidor de justicia señaló que tales cargos buscan garantizar que el servicio público de transmisión se ofrezca en buenas condiciones e impulsen la competencia en el sector de la industria eléctrica.
Gómez Fierro también consideró que otorgar una suspensión provisional repercute en el interés social y el orden público, pues la expedición de la resolución RES/893/2020 se asocia directamente con la eficacia del sistema eléctrico.
Otro de los argumentos del juzgador, es que una eventual medida cautelar provocaría que la quejosa pague un monto por concepto de servicio público de transmisión de energía eléctrica, diferente al que aportan los demás particulares que están en similar situación.
Cabe recordar que los impuestos que avaló la CRE rondan los 407 y 775 por ciento en las tarifas de transmisión que las plantas generación privada deben liquidar.
En ese sentido, entre las compañías que no obtuvieron la suspensión provisional y les negaron los amparos destacan Cogeneración de Altamira, Cogeneración de Energía Limpia de Cosoleacaque, Central LFGE Tijuana y otras más.
El gobierno federal se salió con la suya esta vez.
Con información de Milenio
