La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) las primeras denuncias por presuntos un presunto desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que ascienden a más de 12 mil millones de pesos, entre 2019 y 2020.
De acuerdo con Animal Político, fuentes federales confirmaron que las denuncias fueron presentadas en agosto pasado y turnadas ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMDO), encabezada por María de la Luz Mijangos Borja.
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Se tratan de dos denuncias que se suman a las carpetas de investigación iniciadas previamente contra varios exfuncionarios públicos por irregularidades en el manejo de recursos públicos en Segalmex, Liconsa y Diconsa.
Si bien aún se desconoce con precisión a cuánto asciende el monto del daño presupuestal que consignó la ASF en sus denuncias, una revisión a la Cuenta Pública revela que tan solo en el 2020 se detectó irregularidades por ocho mil 637 millones de pesos.
Entre 2019 y 2020, el director de Segalmex, Liconsa y Diconsa era Ignacio Ovalle, quien, pese al tamaño de las irregularidades, fue removido del cargo en marzo y nombrado titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), sin que exista una investigación para deslindar responsabilidades.
Estas denuncias son las primeras interpuestas por la ASF por irregularidades detectadas en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Hasta marzo de este año, las denuncias seguían concentradas en los presuntos delitos cometidos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, especialmente en el esquema conocido como “La Estafa Maestra”.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revelaron que entre 2019 y 2020 operó al interior de Segalmex, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), una presunta red de corrupción gestada en la alcaldía Cuajimalpa y dirigida por el exdirector de Administración y Finanzas, René Gavira Segreste, acusado por la ASF y la Secretaría de la Función Pública (SFP) de la entrega de múltiples contratos sin licitar, compras simuladas y gastos no acreditados por más de mil 500 millones de pesos durante su gestión de tan sólo un año.
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Según la información pública de la propia Auditoría, en 2019, el primer año del gobierno de López Obrador, el daño al erario en las tres instituciones fue de mil 327.6 millones de pesos, mientras que en 2020 el boquete fue de 3 mil 465 millones adicionales.
Al tratarse de pliegos de observaciones, la ASF considera que son recursos ejercidos cuyo destino se desconoce; en otras palabras, es dinero posiblemente desviado.
Por institución, el dinero público malversado en Segalmex asciende a dos mil 031.2 millones de pesos; en Liconsa, mil 932.2 millones, y en Diconsa, 829.9 millones.
Una de las principales irregularidades documentadas por la ASF en Segalmex, Liconsa y Diconsa en 2019 y 2020 fue el pago de mil 445.7 millones de pesos por la supuesta prestación de servicios profesionales en apoyo al personal. Es decir, se trató de pagos a empleados “fantasma” contratados mediante el esquema de outsourcing.
La Auditoría también detectó pagos sin que se comprobara la recepción de productos y servicios como envases de PET (99.9 millones de pesos), costales blancos de polipropileno (182.1 millones de pesos), tarimas (67.2 millones de pesos), plaguicidas, abonos y fertilizantes (49.9 millones de pesos) y transporte de productos lácteos (620.5 millones de pesos).
El ente fiscalizador también documentó erogaciones injustificadas en contratos de coproducción para beneficiar a ciertos proveedores.
Por ejemplo, se hicieron pagos por 293.4 millones de pesos sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria que acreditara la recepción de los servicios asociados al proceso de producción de productos lácteos y derivados lácteos, y pagos por 518.4 millones sin acreditar la recepción de la leche fresca y los servicios de maquila de secado de la misma.
La ASF detectó asimismo pagos en exceso a productores de leche por 327.3 millones y salidas injustificadas de efectivo de las cuentas de Segalmex por 104.3 millones.
Con información de Animal Político y El Universal
MSA
