Al ordenar el regreso a clases cuando nos encontramos en el pico de la tercera ola de la pandemia del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador viola varias leyes que en algún momento le podrían acarrear responsabilidades administrativas o penales.
De entrada, el presidente viola la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 2 señala: “El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes”.
Es claro que López Obrador no está anteponiendo el interés superior de la niñez, como lo ordena esta ley, sino sus intereses políticos, pues con el regreso a clases pretende dar una imagen de normalidad que no existe.
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En otro párrafo del mismo artículo 2, la citada ley dice: “Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales”.
El presidente no está evaluando las repercusiones ni en lo individual ni en lo colectivo que pueden acarrear los contagios de Covid como consecuencia de un regreso a clases presencial.
La ley también ordena a las autoridades “Establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa, tales como la relevancia y pertinencia del currículo, la disposición de la infraestructura y equipamiento adecuados para el aprendizaje y para las prácticas de enseñanza, la evaluación docente, entre otras”.
Esta disposición tampoco se cumple, pues, como lo hemos documentado en otras notas, la mayoría de escuelas públicas presenta un gran deterioro debido al tiempo en que han estado cerradas.
Pero con su necedad de regresar a clases cuando no hay condiciones para ello, el presidente también pretende violar la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
En su artículo 1, esta ley sostiene que su función es “Reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado”.
El presidente López Obrador pretende evadir esta ley al exigirles a los padres de familia que decidan enviar a sus hijos a la escuela que firmen una carta responsiva en la que acepten que si sus pequeños se enferman, ellos serán los únicos responsables.
Esa carta haría que el gobierno se lave las manos y no está obligado a indemnizar a familias afectadas, como lo ordena la ley.
Como lo hemos visto en innumerables casos, al presidente no le importa violar la Constitución o las leyes secundarias cuando se trata de imponer sus criterios. El regreso a clases es otro ejemplo de ello.
