Dice el presidente López Obrador que hoy, cuando se reúna con Donald Trump, el único límite que pondrá en ese encuentro es el de la soberanía de México. No se podría pedir menos, pero más allá de que se quiera delimitar la reunión a ciertos temas, el T-MEC o la pandemia, lo cierto es que será imposible, e incluso no sería deseable, no abordar muchos otros capítulos de la relación bilateral que están, de alguna manera, en el aire, asumiendo, por otra parte, que nadie sabe, hoy en día, si el próximo 20 de enero Trump seguirá siendo inquilino de la Casa Blanca.
Entre esos temas están la situación económica, la política energética, la seguridad, las armas y las drogas, la migración, la situación sanitaria. Una agenda compleja que debe ser abordada con sensatez y alejada de los estereotipos.
En el ámbito económico hay que insistir en que la falta de certidumbre y de seguridad jurídica es lo que más ha debilitado la posición de México para crecer y recibir inversiones. Y nada está peor que el sector energético. La política que han tratado de imponer para volver a convertir a Pemex y a la CFE en empresas monopólicas de Estado no sólo vulnera la seguridad jurídica y la competitividad, sino las inversiones en el sector que mayor potencialidad tiene en nuestro país.
Con números terribles en las dos empresas: las pérdidas de la CFE en el primer trimestre del año fueron de 121 mil millones de pesos; la Comisión Nacional de Hidrocarburos informó ayer que México, de aquí al 2027, no tiene posibilidad alguna de llegar a los dos millones de barriles diarios de producción petrolera que se esperaban. Pemex no está en condiciones de crecer y sólo aumentarán la producción, vaya paradoja, los productores privados que obtuvieron sus concesiones en las rondas realizadas durante el gobierno pasado. Los tribunales siguen fallando en contra de la Ley Nahle, que pretende aumentar unilateralmente las tarifas a los productores de energía. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, no irá a la reunión por sus diferencias con Trump, pero dejó en claro que defenderá los intereses de las empresas de su país, sobre todo en energía, que han sido injustamente castigadas, sus proyectos cancelados, sus tarifas incrementadas. Lo mismo le han pedido a Trump decenas de empresas y productores de Estados Unidos. La CFE acaba de perder un proceso en Londres por 200 millones de dólares por la cancelación unilateral del proyecto Chicoasén II. La decisión de producir energía con combustóleo en lugar de con gas es un crimen ecológico, además de un mal negocio económico.
López Obrador va acompañado por Alfonso Romo, que discrepa de esta política energética, y de empresarios que tampoco coinciden con ella. Si la reunión con Trump sirviera solamente para que se revirtiera la política energética y se establecieran parámetros de certidumbre y seguridad jurídica para los inversionistas en todos los ámbitos, podríamos darnos por más que satisfechos. Las posibilidades de que eso ocurra son bajas, pero no es imposible.
Lo que no se avizora que pueda cambiar un ápice es la política migratoria. Trump está apretando cada vez más ya no sólo a la migración ilegal, sino también a la legal y ordenada, ésa que siempre se privilegió en la Unión Americana. Olvidemos por un momento que recibe a la comitiva mexicana, publicando fotos suyas en Arizona frente al muro que se construye en la frontera, pero ayer mismo ordenó que todos los estudiantes extranjeros que no tuvieran clases presenciales, sino virtuales, tenían que regresar a sus países de origen, independientemente de que tuvieran sus papeles en regla. Es simplemente una locura y un acto discriminatorio que afectará a miles y miles de jóvenes y a sus familias, que viven y estudian y, en la enorme mayoría de los casos, pagan por recibir educación superior en la Unión Americana.
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Los costos para la administración López Obrador de esta política son altísimos y no veo cómo pueden ser soslayados, más allá de reconocer que el régimen de fronteras abiertas del inicio de la administración fue un error y que el control posterior de la Guardia Nacional, independientemente de las amenazas de Trump, se adoptó por nuestra propia seguridad interior. Pero, ¿cómo explicar la persecución dentro de Estados Unidos ya no sólo de migrantes indocumentados, sino también de los legales o el rechazo de la Casa Blanca al DACA, a otorgar la residencia a jóvenes que han vivido allá toda su vida?
Llama la atención que ningún funcionario de seguridad participa en la comitiva, cuando es uno de los tres temas más álgidos de la agenda bilateral. No puedo creer que no se aborde. Pero sí puedo imaginar que Marcelo Ebrard, con amplia experiencia en ello, será el interlocutor para el mismo, al igual que en el tema migratorio.
En las próximas horas sabremos si la reunión López Obrador–Trump se convierte en uno de los grandes fiascos de nuestra política o si, a pesar de todos los pronósticos, algo bueno puede salir de ella.
