Durante la madrugada de este jueves, la mayoría de Morena, PT y PVEM en la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia con una modificación de última hora para blindar al Presidente de la República ante posibles demandas de juicio político.
Tras dicha modificación, quedó establecido en la ley que para que proceda el juicio político en contra del Presidente de la República se requiere el voto de las dos terceras partes en el Senado y que la sesión sea presencial.
Claramente, esta disposición hará imposible que el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, sea sometido a juicio político por las innumerables violaciones a la Constitución que cometió al intervenir indebidamente en el reciente proceso electoral.
Las diferentes resoluciones emitidas tanto por el INE como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el sentido de que López Obrador violó la Constitución podrían servir como base para presentar demandas de juicio político.
Pero con el candado impuesto ayer por Morena y sus rémoras en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, no tendrá caso que alguien se anime a presentar alguna demanda, pues ésta será frenada por la aplanadora morenista en ambas cámaras del Congreso.
La nueva ley fue aprobada durante una sesión que concluyó a las 7:00 de la mañana de este jueves por una muy apretada mayoría de 266 votos a favor y 205 en contra, entre los que se incluyen los de la bancada de MC.
¿Qué die la nueva ley?
La ley aprobada esta madrugada señala que “es procedente el juicio político contra servidores públicos por acciones como el ataque a las instituciones democráticas; el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, laico y federal; las violaciones a los derechos humanos; el ataque a la libertad de sufragio o a la posibilidad material de emitirlo, así como cualquier violación a la Constitución o leyes federales causando perjuicios graves a la federación, a uno o varios estados o a la sociedad”.
La nueva ley fue turnada al Senado, en donde deberá ser dictaminada y en su caso aprobada para que posteriormente sea promulgada por el presidente de la República.
